LEY ANTIPIRATERÍA
Internautas crean una red en protesta por el cierre de webs de descargas
Por Victoria Sofía Wilches
3 min
Comunicación12-01-2010
Tras el anuncio del Gobierno sobre el anexo de la Ley de Economía Sostenible, que pretende acabar con la piratería con el cierre de webs de descargas por medio de un trámite administrativo y judicial, los internautas no han tardado en expresar su desacuerdo. Por ello, un colectivo de blogueros periodistas, empresarios y activistas de la Red, con el apoyo de de la Asociación de Usuarios de Internet y la Asociación de Internautas, AI, han presentado públicamente la iniciativa red SOSetinble con la que organizan una protesta contra la propuesta antipiratería del Gobierno.
En la mañana de este martes uno de los primeros en pronunciarse ha sido Víctor Domingo, de la AI quien ha asegurado que "no podemos permitir que el Gobierno nos imponga una comisión antipiratería que está por encima del Poder Judicial". La AI ha criticado la creación de la Propiedad Intelectual, el organismo administrativo que se encargará de los procesos de cierre contra las webs violen la ley, pero será un juez de la Audiencia Nacional quien tome las decisiones definitivas. Hasta ahora, sólo un juez podía cerrar un medio. Uno de los argumentos principales del colectivo es que el papel del magistrado es "maquillaje, ya que el juez no entra a analizar el fondo del asunto". Otra crítica aportada por AI, en boca del abogado Javier Maestre, es que “la base jurídica del texto afecta a derechos fundamentales y crea indefensión jurídica”. Por su parte, empresarios como Javier Sanz o Alberto Barrionuevo han recordado que "en Internet se crea empleo". En la misma línea se ha pronunciado Daniel Vázquez, de activistas.com, y otros portavoces que han anunciado medidas de "desobediencia civil masiva", pues es muy fácil crear portales de intercambio y copia de archivos, y según ha explicado Vázquez, "Ya hay unas 800 webs adscritas a en la página web www.lalistadesinde.orgE”, un portal que brinda la plataforma necesaria para el intercambio de material digital. Vázquez añadió que “Ayer se publicó que se está pensando actuar contra algunas de estas páginas... pero no permitiremos que ataquen sólo a las cinco o seis más débiles. Si van por una, responderemos todas". De su lado, el periodista Fernando Berlín, uno de los promotores de la red SOStenible, ha sentenciado que "Esta no es una ley contra las violaciones de la propiedad intelectual, es una ley contra los derechos civiles. La forma en que se ha redactado podría permitir que, en el futuro, cualquier página crítica con el Gobierno de turno pudiera ser cerrada por contener un enlace a YouTube". Berlín ha añadido que "Este no es un problema de autores, la mayor parte de los que estamos en esta mesa somos autores. Nosotros estamos a favor de que un creador pueda vivir de su obra, el problema es que no se puede obtener beneficios como hasta ahora". La activista Montserrat Boix ha aclarado que el colectivo no se considera "pirata". "No tenemos por qué asumir ningún titular en el que se nos vincule a la piratería", señaló. El colectivo ha exigido este martes la cancelación del anexo argumentando que “viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático” y afirman que es inaceptable crear en Internet un "estado de excepción" en el que la ciudadanía será tratada por una instancia judicial, la Audiencia Nacional, como si se tratara de "terroristas y narcotraficantes", el grupo que es acogido por esta institución. El manifiesto asegura que esta iniciativa gubernamental castigará en casos en los que los tribunales ya habían manifestado que no eran delito. Además el colectivo se ha mostrado preocupado por la posibilidad de introducir el concepto de "lucro indirecto”, ya que varias decisiones judiciales han exigido el ánimo de lucro para condenar las páginas que ofrecían enlaces a descargas, no considerando ánimo de lucro la incorporación de publicidad en las mismas sino la obtención directa de beneficios por la comercialización del acceso a los enlaces. El manifiesto recuerda que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental. La red establece que la legislación vigente ya brinda las herramientas necesarias para actuar en relación con las páginas web que violen la ley y apoya el El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, suscrito por más de 200.000 personas y reconoce “como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento” que defiende el derecho de los artistas a vivir de su trabajo, la existencia de una red libre y se opone al canon digital. Adicionalmente, el colectivo ha aclarado que no tienen ningún interés en boicotear la presidencia española de la UE, y aseguran que "han sido ellos (el Gobierno) los que han querido vincular este asunto a la presidencia".