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JUSTICIA

El Supremo disuelve los grupos de ANV y dejarán de recibir subvenciones

Por Alejandro RequeijoTiempo de lectura2 min
España25-07-2009

ANV ya no estará presente en las instituciones del País Vasco y Navarra. La Sala del 61 del Tribunal Supremo ordenó la disolución de los grupos municipales de este partido, ilegalizado en septiembre de 2008 por ser parte de ETA.

Se trata de un centenar de grupos municipales los que se verán afectados por esta medida, que responde a la petición formulada por la Abogacía del Estado –y a la que luego se sumó también la Fiscalía- de que se ejecutará aquella sentencia de ilegalización. A partir de ahora, los cargos que en su día fueron elegidos en las urnas –y por ello no pueden ser apartados de sus funciones por Ley- mantienen sus puestos, pero el Tribunal Supremo les obliga a que dejen de agruparse como ANV y se conviertan en no adscritos o que integren el Grupo Mixto como sucederá con el grupo de este partido en la Diputación de Álava. Pero lo más significativo y lo más tangible es que el alto tribunal también ha determinado que estos grupos, pese a dejar de llamarse ANV, dejen de recibir subvenciones del erario público. Es decir, esta decisión supone fundamentalmente un varapalo a una de las pocas fuentes de financiación que mantenía el entorno de la banda terrorista. Tan sólo mantendrán los sueldos que les corresponden como cargos electos. De este modo, el Tribunal Supremo pone el punto y final a un desafío que se inició en la carrera para las elecciones municipales de 2007. Para aquella cita, ANV presentó candidaturas en todos los municipios del País Vasco y Navarra. Pero los servicios jurídicos del Estado permitieron su presentación parcial a esos comicios pese a las sospechas, ya entonces, de su relación con el terrorismo. En pleno proceso de negociación entre ETA y el Gobierno socialista, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado instaron la anulación únicamente de la mitad de las listas presentadas por este partido. El criterio era inhabilitar toda lista que tuviese más de un 33 por ciento de sus miembros contaminados, es decir, que en el pasado hubiesen pertenecido a Batasuna o a cualquiera de sus sucedáneas. Sin embargo, el hecho de que finalmente fuesen anuladas casi la mitad de las listas presentadas no fue suficiente para que el Ministerio Público y la Abogacía del Estado instaran la disolución total del partido. Desobediencia al Supremo En el momento en el que sea comunicada esta decisión a los distintos municipios afectados, serán éstos los que deban aplicar la orden. Por ello existe la posibilidad de que alguno de los afectados -40 de ellos están gobernados por ANV- se niegue a ejecutar la decisión del alto tribunal. Ante ello, la Justicia podría actuar por dos vías. Una de ellas es la de iniciar acciones legales contra los responsables por un delito de desobediencia. Idéntico proceso que se siguió contra el ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, juzgado por negarse a disolver al grupo Sozialista Abertzaleak, ilegalizado también por el TS. La otra opción es disolver el ayuntamiento en base a la ley de régimen local tal y como se hizo con Marbella tras la operación Malaya.