LIBERTAD DE PRENSA
La investigación por la muerte de José Couso queda cerrada
Por Rafael García 
2 min
Comunicación20-07-2009
La Audiencia Nacional revoca, por segunda vez, el procesamiento de los tres militares estadounidense involucrados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad en abril de 2003. La Audiencia ya cerró anteriormente el caso, pero el Tribunal Supremo ordenó su reapertura tras un recurso presentado por la familia de Couso. No obstante, la AN cree de nuevo que no hay elementos para procesar a los tres militares que dispararon contra el hotel Palestina.
La Audiencia Nacional dio por cerrada la semana pasada la investigación por la muerte del cámara José Couso, fallecido el 8 de abril e 2003 en Bagdad (Iraq), cuando el Ejército estadounidense estaba en plena invasión de Bagdad. Los acusados en el procesamiento fueron el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip Camp, que dispararon contra el hotel donde se alojaban los periodistas. Aquel día las tropas estadounidenses estaban realizando una ofensiva contra el hotel Palestina, en la que se creía la posibilidad de que hubiera algún francotirador infiltrado y que también era el lugar donde se alojaban el reportero de la agencia Reurtes Taras Protsyuk y el cámara de la cadena Telecinco José Couso. En el primer juicio, en abril de 2007, el magistrado instructor Santiago Pedraz emitió un primer procesamiento contra los militares acusados de delitos de homicidio y contra la comunidad internacional en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ya que, en aplicación del Convenio de Ginebra y de la legislación española, Couso era una "persona protegida" y añadía que las partes contendientes en un conflicto armado están obligadas siempre a distinguir entre población civil y combatientes. Por su parte, el testimonio prestado por los periodistas Jon Sistiaga, Olga Rodríguez y Jesús Hernández Quiñonero, amigos de Couso, decía que era "descartable que se colase alguno sin control” mientras que la ex sargento Adrianne Kinne, que realizó escuchas de las comunicaciones mantenidas por los tres militares y su mando, aseguraba que su testimonio reviste "una dudosa validez procesal" ya que "la intervención de las comunicaciones que llevaba a cabo no era legal o quebrantaba la Ley y la Constitución". De esta forma la Sala de lo Penal decidió que había “elementos indiciarios lo suficientemente relevantes como para no descartar la presencia de francotiradores" y "en consecuencia, que tal fuera la creencia de quienes efectuaron el disparo". A pesar de todo esto y del segundo juicio realizado este año, la Audiencia Nacional decidió la semana pasada que la investigación quedaba cerrada, algo que organismos como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) no está de acuerdo, ya que el juez dio mayor credibilidad al informe del Mando Central Norteamericano que a los testigos españoles.