EE.UU.

Un plan antiterrorista pone a la Administración Bush bajo sospecha

Por Miguel Martorell3 min

Internacional18-07-2009

Las últimas revelaciones en torno a la actuación de la Administración de George W. Bush en su guerra contra el terrorismo podrían llevar a algunos de sus máximos responsables a la picota. Lo que de momento está claro es que la Casa Blanca de la era Bush ocultó datos y planes al Congreso deliberadamente, entre ellos, una campaña de asesinatos selectivos.

El nuevo director de la CIA, Leon Panetta, ha sido el responsable de que algunas de las actuaciones y planes de la anterior Administración estadounidense salten por los aires. Su llegada a la Agencia Central de Inteligencia, una de las 16 que existe en EE.UU. ha provocado que se conozcan detalles de esos planes nada favorables para Bush, el vicepresidente Dick Cheney y los republicanos. El culebrón comenzó con un informe presentado ante el Congreso y elaborado por inspectores de algunas de las agencias de inteligencia más importantes del país. En él, se abordaba el polémico programa de escuchas aprobado por la Administración Bush que permitía interceptar toda comunicación dentro y fuera de EE.UU. El programa se conocía desde hace años, pero el informe elaborado por los expertos abrió la caja de Pandora. Las escuchas formaban parte de un ambicioso plan elaborado por Cheney que extendió los poderes del Gobierno en materia de espionaje a unos niveles “sin precedentes”. Poco después se conocían más detalles de ese plan. Tras los atentados del 11-S, Cheney autorizó un programa en el que se facultaba a los agentes de la CIA para capturar y asesinar a líderes de Al Qaeda. Un plan que Cheney ocultó deliberadamente al Congreso y para el que se destinaron fondos, aunque Panetta lo suspendió inmediatamente cuando tomó el cargo. Informaciones de los diarios The Wall Street Journal y The New York Times han ofrecido más detalles de dicho plan. Así, ex funcionarios de la CIA han revelado que dicho programa contemplaba la posibilidad de entrenar a una fuerza especial que se encargara de propinar esos golpes de mano a Al Qaeda en distintos países del mundo. Deliberadamente, Cheney y su equipo encargaron informes sobre la legalidad del plan de perfil bajo, que no supusieran una traba para su desarrollo, pese a que el programa suponía una violación del Derecho Internacional -penetrar en territorio de otro país sin informar a sus autoridades- y de los Derechos Humanos -asesinatos selectivos-. Mientras Bush y Cheney guardan silencio sobre este programa, el actual presidente, Barack Obama, ha dado un paso al frente ordenando la investigación de los supuestos intentos de la Administración Bush por ocultar ciertas actuaciones ilegales contra los talibanes en Afganistán. Éstas consistirían en el asesinato de miles de presos talibanes en Afganistán a manos de Abdul Rashid Dostum, un señor de la guerra afgano que trabajaba en colaboración con la CIA. Los cuerpos de los ejecutados podrían estar ocultos en fosas comunes excavadas en el país asiático. A lo anterior se une la actitud de algunos funcionarios de la Administración Bush, que, por orden de sus superiores, hicieron todo lo posible para ocultar estas ejecuciones al Congreso y al FBI, además de poner todas las trabas posibles a la investigación de estos hechos. “Si se demuestra que nuestra conducta ha apoyado de alguna manera una violación de las leyes de guerra, entonces tenemos que saberlo”, señaló Obama, que sentenció: “Hay responsabilidades que todas las naciones tienen, incluso en tiempos de guerra”. El movimiento de Obama podría responder a la presión, cada vez mayor, que desde ciertos sectores del Congreso se le está aplicando para que investigue a fondo la actuación de la Administración Bush en su guerra contra el terror. Una posibilidad que el presidente trata de evitar por temor a que una caza de brujas obstaculice o entierre sus esfuerzos en asuntos del presente.