POLÍTICA

Conde-Pumpido rompe su idilio con Zapatero con sus acusaciones a la Policía

Por C. Rodrigo/A. Requeijo4 min

España18-04-2009

Apenas unas horas es el tiempo que tardó el fiscal general Cándido Conde-Pumpido en dar explicaciones al director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, para intentar calmar la polémica. Ésta surgió por la acusación que el fiscal general del Estado dirigió contra la Policía de no participar con la Fiscalía en la lucha antiterrorista y de hacerlo “sólo” con la Audiencia Nacional por medio del juez Garzón. Pero no todo está zanjado. El Gobierno en bloque ha desautorizado esas acusaciones y los sindicatos de la Policía pretenden querellarse contra lo que consideran el “ataque más duro, injustificado, temerario y desleal” contra la Policía “desde el advenimiento de la democracia”.

Si bien Zapatero aun no se ha pronunciado al respecto, las pocas dudas mostradas por el Ejecutivo a la hora de posicionarse del lado de la Policía son especialmente significativas teniendo en cuenta la trayectoria de Cándido Conde-Pumpido. Se trata del fiscal general de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue nombrado tan sólo un mes después de que el líder socialista ganase las elecciones en marzo de 2004 y en mayo de 2008 fue renovado en el cargo por otros cuatro años más. A lo largo de todo este tiempo su Departamento se ha enfrentado a diversos intentos del entorno de ETA de acudir a las urnas actuando de manera desigual. El hecho más representativo tuvo lugar ante las elecciones municipales de mayo de 2007. Concretamente con el inédito modo que tuvo la Fiscalía de actuar ante la candidatura de ANV, sospechosa de pertenecer a ETA. En aquel momento, el Ministerio Público, alegando que no había indicios suficientes para impugnar todas las candidaturas del partido procedió a instar la inhabilitación de todas aquellas listas que tuviesen más de un 33 por ciento de nombres contaminados. Al final fueron suspendidas más del 33 por ciento de las listas presentadas por ANV, pero, a juicio de Conde-Pumpido, eso no era suficiente para ilegalizar al formación abertzale. No fue hasta la ruptura del proceso de paz por parte de ETA en junio de ese mismo año y el asesinato de Isaías Carrasco meses después cuando el Ministerio Público decidió instar esa ilegalización. Sin embargo, Conde-Pumpido siempre ha gozado de la total confianza del presidente del Gobierno pese a que su dirección del Ministerio Público ha estado marcada por la sombra de la politización. Todo comenzó en un desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press, donde Conde-Pumpido anunció la investigación de la Fiscalía sobre la posible filtración de marcas electorales de ETA en las próximas elecciones europeas. El fiscal general del Estado dejó claro que los informes en que se basan sólo provienen de la Guardia Civil y no de la Policía. Tras ser preguntado por esta distinción, se levantó la polémica: “Es porque la Policía no responde a las peticiones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sólo a las del juez instructor”, afirmó Conde-Pumpido. Con esta acusación se refería a los anteriores procesos de ilegalización de ANV y PCTV, en primer lugar, y más recientemente de Askatasuna y D3M. Estos coincidieron con el proceso penal que paralelamente abrió el juez instructor de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para juzgar a miembros de estos partidos por pertenecer a la banda terrorista. Conde-Pumpido denunció que los informes policiales no llegaran a la Fiscalía por estar en manos del juez instructor. Querella de los policías Velázquez calificó el enfrentamiento como “un pequeño problema procedimental”. En la reconciliación entre ambas instituciones, éste dijo que el problema se había arreglado y que “no se producirá más”. Además, recalcó que lo importante fue que los informes llegaron a tiempo a la Fiscalía para proceder a la ilegalización de los partidos herederos de Batasuna. Conde-Pumpido, en cambio, dijo que la manifestación del problema ha permitido que “la pequeña descoordinación existente ya no se vaya a producir más”. Pero cuando el conflicto parecía solucionado, los sindicatos de la Policía (SUP, CEP, SP y UFP), que agrupan a la inmensa mayoría de los agentes, anunciaron su intención de querellarse contra el fiscal general del Estado. “No estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados mientras el titular de una de las más altas instancias de nuestro país lanza sobre todo un Cuerpo una sospecha que nos injuria y calumnia”. Así se expresaban los sindicatos en un comunicado colectivo. Al mismo tiempo, solicitaban a los mandos policiales y al Ministerio del Interior que se pronunciasen, porque “su silencio les convierte en cómplices”. La respuesta del Gobierno tanto a este comunicado como a las críticas de la oposición la protagonizó la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien mostró su apoyo a la Policía. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha tardado dos días en pronunciarse al respecto. Rubalcaba reafirmó su confianza ante la “excelente” labor de la Policía y calificó la polémica como una simple “diferencia interpretativa”. Altos mandos policiales piensan que esta polémica es la cuestión indirecta de un problema ya latente: la pugna entre la fiscalía y Garzón. Tanto Conde-Pumpido y Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, están molestos por las últimas actuaciones del juez instructor de la Audiencia Nacional por acaparar los informes policiales. Esta situación se ha recrudecido con el Caso Gürtel, ya que Garzón se hizo con una investigación mucho antes iniciada por la Fiscalía Anticorrupción. El enfrentamiento se hizo visible cuando Garzón dio un plazo de 48 horas a la Fiscalía para que informara sobre su postura de enviar el caso al Tribunal Supremo. Anticorrupción se apresuró a advertir al juez que éste no podía fijarle plazos y amenazó con no cumplirlos.