OPERACIÓN GÜRTEL

La Fiscalía implica a Camps en la causa y pide a Garzón que se inhiba

Por Esteban del Pozo2 min

España21-02-2009

En algunas ocasiones uno ha tenido la sensación de que una situación difícil que estaba viviendo ya no podía ir a peor. Sin embargo, la conocida como Ley de Murphy, dice que cuando las cosas se complican suelen complicarse todavía más. Esto mismo está sucediendo con todo lo que rodea a la operación Gürtel, la investigación judicial sobre la corrupción de algunos empresarios con la complicidad de políticos en ayuntamientos gobernados por los populares.

Cuando se pensaba que los principales acusados se encontrarían en la Comunidad de Madrid, el centro de atención ha pasado a ser Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana; cuando se creía que ya no podía haber más escándalos sobre las cacerías de Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, y el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha sabido que el primero de ellos vulneró la ley establecida; y cuando se suponía que a pesar de las protestas del Partido Popular sería Garzón el encargado de llevar la causa, la Fiscalía le ha pedido que se retire del caso y ha tenido que ser ingresado por una fuerte subida de tensión. La Fiscalía Anticorrupción elaboró un informe en el que se relacionaba negocios del principal imputado, Francisco Correa, con tres personas del PP de Madrid, Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes ya cesado; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid). Según informaciones del diario El País en este informe también se apunta directamente al líder del PP Valenciano y presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, como uno de los beneficiados por la corrupción de Francisco Correa y su entorno. Una de las pruebas que manejan los fiscales y jueces son grabaciones de conversaciones entre los principales acusados, en una de ellas una de las imputadas menciona el pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Este es el único indicio de corrupción relacionado con el Gobierno valenciano, un punto muy pequeño si no afectase al máximo dirigente de esta región. La reacción de Camps y de su líder, Mariano Rajoy, ha estado al nivel de las informaciones que le acusaban y no han escatimado en contundencia para rebatir los delitos que se le achacan. El presidente del PP, Mariano Rajoy, a diferencia de lo que hizo con Esperanza Aguirre se ha mostrado más duro defendiendo a uno de sus barones. No sólo ha afirmado que Camps es “un político honrado, que se encuentra en un estado de indefensión” sino que además ha presentando una denuncia por “violación del secreto de sumario” de la trama. El informe de la Fiscalía tenía mucho que repartir y también dejó claro la incompetencia del juez Garzón para llevar este caso dada la condición de aforamiento de algunos de los investigados. Así se lo ha recordado la Fiscalía a Garzón. Todos aquellos diputados, ya sea a nivel nacional o autonómico, que estén imputados en la causa, serán investigados en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad. No obstante, la última víctima de la operación Gürtel ha sido precisamente el juez que la investiga, Baltasar Garzón quien permaneció durante un día ingresado en una clínica hospitalaria afectado por una crisis de ansiedad.