PARTIDO POPULAR

La Justicia investigará los espionajes que dividen aun más al PP

Por Esteban del Pozo4 min

España25-01-2009

Si se junta bastante dinero, con no poco menos capacidad de influencia, unas gotas de poder y se mezcla todo en el vaso de la política, el resultado de este invento puede ser explosivo. Como así han sido las reacciones por los casos de espionaje supuestamente organizados desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, a políticos del Partido Popular, uno de ellos de su propio gabinete.

Todo comenzó cuando el diario El País publicó unas declaraciones de Marcos Peña. Esta persona, un ex inspector de Policía, sería el encargado, junto al menos tres ex guardias civiles, de llevar a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid sería la que estuviese al frente de toda esta operación y su máximo responsable, Francisco Granados, el jefe que manda y recoge los informes. El trabajo consiste, sobre todo, en realizar informes reservados cuyos resultados sólo conoce, supuestamente, el consejero Granados, explica Marcos Peña. Entre las personas que fueron investigadas se puede destacar a gente relacionada con los casos de Ciempozuelos, el sheriff de Coslada, las supuestas mafias que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas, y al número dos de Esperanza Aguirre, Ignacio González y al de Gallardón, Manuel Cobo. No tardaron mucho en desmentir la información los implicados, tampoco ahorraron en contundencia a la hora de calificar estas informaciones. La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, ha interpuesto una denuncia ante los tribunales para que se investigue el espionaje al vicepresidente regional, Ignacio González. En la misma dirección han ido las declaraciones de Granados que en una rueda de prensa conjunta con Ignacio González negó “con absoluta rotundidad que haya llevado a cabo encargos de espionaje, seguimiento o informes sobre nadie", además desmintió la existencia de “ninguna organización de espionaje montada por la Comunidad de Madrid para este tipo de situaciones”. Sin embargo, El País también llevó en sus páginas los informes del seguimiento a Manuel Cobo e Ignacio González. Dos informes muy diferentes, el del último especialmente detallado con una copia de un billete de avión, todo lo contrario que el del primero que parecía hecho por “Mortadelo y Filemón”, como lo calificó el Ministro del Interior, en el que se decía telegráficamente lo que hacía el vicealcalde de Madrid. Tampoco ha dejado pasar mucho el tiempo la fiscalía superior de la Comunidad de Madrid para recoger el guante lanzado por el Gobierno de la Comunidad y las denuncias presentadas por Ignacio González y Manuel Cobo. Manuel Moix, fiscal superior de la Comunidad de Madrid ha citado a declarar como testigo al periodista del diario El País, Francisco Mercado, autor de la publicación de estas noticias, y tiene previsto hacer lo mismo con el consejero de Interior y Justicia de la Comunidad, Francisco Granados. No es el primer caso de control de personas por parte de la inteligencia gubernamental, cuando era presidente de Endesa, los escoltas de Manuel Pizarro descubrieron coches del Centro Nacional de Inteligencia espiándole. Sin embargo una comunidad autónoma no tiene competencias para crear ningún tipo de unidad que se le parezca. González, relegado por Granados De momento, parece ser cierto que había un equipo encargado de elaborar informes sobre personas relacionadas con casos de corrupción, aunque todavía no se sabe desde cuando se hacía este trabajo y si eran todos para la misma persona o había más gente implicada. También es un hecho que Ignacio González lleva unos meses desaparecido de la primera línea de fuego político sustituido por Francisco Granados. Esto explicaría el posible seguimiento ya que si el vicepresidente de la Comunidad de Madrid estaría implicado en algún caso de corrupción la mejor opción política sería apartarle poco a poco de los focos de los medios para que no salpicase a sus superiores. Otro actor que se hace imprescindible para entender toda esta trama es Caja Madrid. Las últimas semanas se ha venido escenificando la lucha interna en el PP por el control del banco que tantos beneficios y poder genera. El alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad siguen disputándose el control de la caja y el seguimiento de Manuel Cobo, número dos de Gallardón, podría servir para conocer los pasos por adelantado que el alcalde daría para hacerse con el control de Caja Madrid. El mismo enfrentamiento que existe entre la Alcaldía y la Comunidad de Madrid, ocurre en todas las filas populares. La sintonía entre Aguirre y Rajoy y su nuevo equipo es nula y cualquier excusa es buena para dañar a una posible rival en un supuesto congreso abierto. Por eso, aunque al principio, se deslizará las responsabilidades hacia el Ministerio del Interior, el PP redactó un comunicado oficial en el que se daba por verdadero la trama orquestada por la Comunidad de Madrid y afirmaba que la Secretaría General se encargaría de investigar y depurar responsabilidades políticas. Aún así, Mariano Rajoy y todo el PP parece que ha metido la marcha atrás en este asunto y pretende cerrar filas ante la cercanía de las elecciones autonómicas gallegas y vascas. Esto es lo que han intentado escenificar los implicados en esta trama este fin de semana en el primero foro abierto del PP. La imagen más buscada y comentada era el abrazo entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Importancia también ha tenido, y mucha, el discurso de cierre de acto del líder del PP, Mariano Rajoy, en el que se ha comprometido a “garantizar la unidad y cohesión de este partido pase lo que pase" exclamó. La solución de todo, lo tendrá el tiempo y los tribunales.