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MODERNIZAR LA JUSTICIA

La familia Cortés, un año de lucha para que el ‘caso Mari Luz’ no se repita

Por Eduardo AguirreTiempo de lectura3 min
España13-01-2009

Un año después de que la niña pequeña de la familia Cortés saliera de su casa a comprar golosinas y no volviera, el padre de la víctima ha llevado a cabo una campaña ejemplar y responsable con un único objetivo: aumentar las condenas de pederastas y violadores y que futuros crímenes como el presuntamente cometido por Santiago del Valle no se repitan en el futuro.

Ha pasado un año de la desaparición de la pequeña Mari Luz, el 13 de enero de 2008, y el juzgado no ha aportado pruebas significativas al caso tras notificar el alzamiento del secreto de sumario. Su cadáver apareció 54 días después de que la niña saliera a comprar golosinas. La comunidad entera de Huelva se movilizó en la búsqueda de la pequeña. El 25 de marzo fue detenido el presunto autor del asesinato, Santiago del Valle, quien declaró que la niña le acompañó a su casa por voluntad propia, y que subiendo las escaleras la niña se cayó y se dio un golpe mortal. El presunto asesino estaba en esos días en libertad, y, sin embargo, tenía causas pendientes con la Justicia por delitos con menores. Todas las culpas recaen en este momento sobre el juez que llevaba la situación procesal de del Valle, el sevillano Rafael Tirado. Las consecuencias finales para este magistrado por no ejecutar una condena de dos años contra del Valle por un delito de abusos sexuales a su propia hija fue pagar una multa de su propio bolsillo de 1500 euros. El resto del personal, especialmente gobernantes y políticos, esperaban una bien distinta, que calificaban de sanción ejemplar y ejemplarizante. Paralelamente, en su cruzada particular, los familiares de Mari Luz mantuvieron reuniones con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con otros políticos para proponer una reforma en las leyes contra los pederastas y violadores. La familia atacó duramente al juez Tirado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), calificándoles de “vergüenza nacional” por su escasa sanción. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, y la familia Cortés, liderados por Juan José, el padre de familia, de etnia gitana y pastor de un parroquia evangelista, inició una campaña bajo el lema “Por una Justicia justa”, para pedir la publicación de una lista de pederastas, y el endurecimiento de las condenas hacia los mismos, incluyendo la cadena perpetua. Ésta campaña comenzó el pasado 28 de abril, y recorrió mas de 5.500 kilómetros de toda la geografía española. El objetivo era modificar la ley, y para ello se necesitaban más de 500.000 firmas de los ciudadanos. Una de las partes más importantes de la campaña general fue la plataforma creada por el abuelo de Mari Luz, Juan Cortés; su tío Valentín y el presidente de la asociación juvenil Nuevo Drom, Tomás Rodríguez. En la caravana “Pro cadena perpetua”, que recorrió más de 26 provincias españolas y llegó a recoger casi un millón de firmas. Endurecimiento de las penas Tras una dura, pero responsable y ejemplar campaña del padre de la pequeña Mari Luz, Zapatero recibió a Cortés en la Moncloa. Tras el encuentro Cortés aseguró a los periodistas que el Gobierno estudiaba un paquete de medidas referidas a los delitos de pederastia. Durante el encuentro, en el que también estuvo presente el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, Cortés informó a Zapatero del número de firmas recogidas por la caravana “pro cadena perpetua”, que ya supera ampliamente las 500.000, las necesarias para que su reivindicación pueda ser llevada al Parlamento como iniciativa legislativa popular. Finalmente, reforma del Código Penal aprobada por el Consejo de Ministros se llevó a cabo, y Cortés se mostró “bastante satisfecho, ya que es una siembra invisible que recogerán otros”. El Consejo de Ministros aprobó el 14 de noviembre el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal de 1995, que tiene como novedades principales un endurecimiento de penas para terroristas y pederastas así como mayores medidas de control tras su salida de prisión.