CASO MARI LUZ
La Justicia se rebela por las injerencias del Gobierno y su poca inversión
Por LaSemana.es2 min
España21-10-2008
Secretarios judiciales y jueces unidos por una misma causa: defenderse públicamente ante la opinión pública de las voces que les acusan de corporativismo y negligencia a partir del caso Mari Luz. Por ello cargaron contra el Gobierno y el Ministerio de Justicia a los que acusan de tapar con sanciones su falta de inversión en la Administración.
Los primeros en alzar la voz fueron los secretarios judiciales. Fue después de que el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo sancionase con dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez, la secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que, dirigido por el juez Rafael Tirado, tardó más de 20 meses en ejecutar una sentencia pendiente de abusos sexuales contra el presunto asesino de la joven Mari Luz Cortés, Santiago del Valle. Los secretarios judiciales acusaron al ministro de pretender usar como cortina de humo a su compañera y así tapar lo que ellos entienden como la verdadera causa del desgraciado incidente: la situación de obsolescencia en la que se encuentra la Administración de Justicia. Aseguran que los sistemas empleados son del siglo XIX y que el control del todos los procedimientos con esta situación es imposible. Por ello no descartan que puedan reproducirse casos como el de la niña de Huelva. En ese sentido, responsabilizan personalmente a Bermejo de esta realidad por no haber tomado las medidas adecuadas y no haber invertido en su Administración. Piden su cese por, entre otras cosas, no haber desarrollado la nueva ofician judicial pendiente desde 2003. Por todas estas razones llevaron a cabo un paro de tres horas, dentro del cual, los jueces de toda España también aprovecharon para mostrar su rechazo al Ejecutivo socialista. La carrera judicial se encuentra molesta por lo que entienden como injerencias intolerables en la Justicia por parte de varios miembros del Gobierno como Bermejo o la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Ambos han hecho diversas llamadas públicas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que incremente la multa de 1.500 años al juez Tirado por su responsabilidad en el caso Mari Luz y escuche a la Fiscalía que pide que sea suspendido por tres años. Estas declaraciones causaron el malestar en los jueces que, al no poder por Ley acudir a huelga, convocaron juntas de jueces en sus juzgados de manera paralela al paro de los secretarios. Desde el Ministerio no han aceptado de momento las llamadas al diálogo por parte de los secretarios, aunque aseguran que la comunicación con este colectivo es constante. No obstante, desde el Congreso de los Diputados, el ministro Bermejo si tuvo palabras directas para los jueces a los que acusó de haber llevado a cabo una huelga encubierta. Si alguien pretende ser intocable, no lo conseguirá. En el Estado de derecho, si hay una negligencia tan grave, funcionan los mecanismos y se sanciona, advirtió el ministro quien denunció además el corporativismo del cuerpo.