‘OPERACIÓN ASTAPA’

La corrupción urbanística salpica ahora a Estepona y al PSOE

Por Raquel Rodrigo3 min

España20-06-2008

Tras la Operación Malaya, la Operación Astapa. Mismo argumento y distintos personajes, pero el fondo es el mismo. La corrupción urbanística vuelve a sacudir Málaga y al PSOE después de que el alcalde socialista de esa localidad haya sido detenido como líder de la trama.

En una operación similar en Estepona, a la llevada a cabo en Marbella en el año 2006, fueron detenidos su alcalde, Antonio Barrientos, y más de veinte concejales. Durante las investigaciones realizadas en el proceso del Caso Malaya, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal encontró indicios de supuestas irregularidades inmobiliarias cometidas en Estepona, como un convenio urbanístico, que data de noviembre de 2005, entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria, cuyo administrador único era Óscar Jiménez, uno de los testaferros del presunto cerebro del Caso Malaya, Juan Antonio Roca. La juez que instruye el caso, Isabel Conejo, decretó el viernes prisión provisional sin fianza y comunicada para Barrientos, después de que éste enviase una carta al Pleno del Ayuntamiento en la que anunciaba su dimisión irrevocable. Se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero. El propio alcalde aseguró encontrarse “bastante afectado”. Durante el registro efectuado en su domicilio, los policías requisaron ordenadores y diversa documentación. Tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el PSOE de Andalucía (PSOE-A) anunciaron que “se van a depurar” responsabilidades” y que en el partido no cabe “ningún comportamiento irregular”. Para esto, el PSOE-A inició los trámites de expulsión provisional del partido para los implicados en la operación. Además la juez también decretó prisión incondicional sin fianza para el jefe de Gabinete del alcalde, José Flores; y el ex concejal de Hacienda Manuel Reina. También para el ex concejal del Grupo Independiente Liberal (GIL), actual concejal y portavoz del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, y del ingeniero de Obras Públicas, Javier Wittmeur, con responsabilidades en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona. Las fianzas para los demás detenidos van desde los 50.000 euros hasta los 500.000. J. R. G deberá pagar la cifra más alta, mientras que A.M.C.L. y J.L.C.A. no ingresarán en prisión si abonan los 300.000 euros fijados. Se les imputa delitos de cohecho y blanqueo de capitales. La misma cantidad deberá pagar el empresario Antonio Bazán, por delitos de fraude y malversación de caudales públicos. Por su parte, la juez impuso a los empresarios Vicente y Félix Delgado el pago de una fianza de 100.000 euros, por delitos de tráfico de influencia, cohecho y prevaricación urbanística. El arquitecto Ignacio de la Hoz tiene una fianza de 50.000 euros. Tanto él como Bazán, tienen prohibido salir del país. La fianza fijada para el ex director del Área de Urbanismo de Estepona, Pedro López, fue de 300.000 euros, por delitos de cohecho y malversación. El arquitecto municipal Arturo Cebrián, imputado por cohecho y tráfico de influencias, quedará en libertad bajo fianza de 30.000 euros, mientras que el abogado y empresario Manuel Barroso, tiene su fianza fijada en 15.000 euros, por un delito de blanqueo. Las concejalas socialistas Mariví López (Educación) y Asunción López (Cultura) están imputadas por delitos de cohecho y tráfico de influencias, con una fianza de 30.000 euros, mientras que su compañera, Marisa Rodríguez (Playas), imputada por los mismos delitos, añadiendo prevaricación, deberá pagar 50.000 euros.