ITALIA
La nueva ley italiana provoca un enfrentamiento con la Comisión Europea
Por Miguel Martorell
2 min
Internacional25-05-2008
La normativa contra la inmigración ilegal que ha aprobado Italia ha puesto en alerta a la Comisión Europea, que ha pedido al Gobierno de Silvio Berlusconi que remita el proyecto de ley para su análisis. Al mismo tiempo, los Veintisiete han consensuado toda una serie de medidas para luchar contra la inmigración irregular que han puesto en duda algunas ONG pro Derechos Humanos.
Los Veintisiete alcanzaron en Bruselas un principio de acuerdo ante los procedimientos a adoptar con los inmigrantes irregulares y su repatriación. La UE explicó en un comunicado que "esta directiva establecerá un conjunto común de reglas aplicables a ciudadanos de terceros países que permanezcan ilegalmente en el territorio de los Estados miembros". El punto más polémico del texto reside en que los países podrán retener en centros de internamiento a los sin papeles hasta un máximo de 18 meses y, además, se les puede prohibir la entrada durante un plazo de cinco años. Amnistía Internacional y el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados consideraron que la norma "minará gravemente los derechos fundamentales de los individuos implicados". La Comisión Europea calcula que actualmente hay unos ocho millones de inmigrantes en el continente. El objetivo aspirado por el Ejecutivo comunitario es consensuar los procedimientos seguidos por los Estados miembros para las repatriaciones, ya que cada país aplica los plazos que considera oportunos e incluso nueve de ellos no contemplan límite alguno a la retención de inmigrantes. No obstante, el último paso para la entrada en vigor de la llamada Directiva de Retorno es su aprobación en el Parlamento, que se pronunciará el próximo mes. El telón de fondo de esta normativa es el Gobierno italiano, que se ha convertido en el quebradero de cabeza de la Comisión Europea por sus últimas iniciativas en inmigración. El portavoz de Justicia, Libertad y Seguridad del Ejecutivo comunitario, Friso Roscam, instó al país italiano a remitir "lo antes posible" el contenido exacto de sus propuestas, ya que podrían contradecir las normativas comunitarias. Sin embargo, desde Roma se defiende la primera y polémica iniciativa del Gobierno de Berlusconi. Según el ministro de Interior, Roberto Maroni, la norma responde a "la preocupación de los ciudadanos". En este sentido, recalcó que su país "no cederá ni un milímetro", preguntándose "por qué en Francia y Alemania está previsto el delito de la inmigración ilegal y la izquierda no se rasga las vestiduras", mientras que si lo hace Italia sólo se debe a "razones ideológicas". De hecho, Maroni aseguró que no cederá a las presiones manifestadas por algunos países europeos. Por su parte, la Comisión Europea no quiso comentar las medidas aprobadas en Italia antes de que éstas le sean notificadas formalmente.