ITALIA

Berlusconi convierte a los inmigrantes irregulares en delincuentes

Por Miguel Martorell3 min

Internacional25-05-2008

El Gobierno de Silvio Berlusconi decidió trasladar su primer Consejo de Ministros a Nápoles para escenificar así la prioridad que el nuevo Ejecutivo conservador otorga a la situación de máxima emergencia en esta ciudad. Asediados por montones de basura desde hace meses, los vecinos de Nápoles siguen esperando una acción efectiva del Estado para limpiar la ciudad a los pies del Vesubio.

Además de las medidas contra la acumulación de basura en Nápoles, el primer Consejo de Ministros de Berlusconi tenía como prioridad otra medida: la inmigración ilegal. Los ataques a campamentos de gitanos rumanos en algunos puntos de Italia de las últimas semanas y la conflictividad social que en este país provoca la inmigración habían puesto sobre aviso a Il Cavaliere. De hecho, en su programa electoral ya figuraba una propuesta para atajar de raíz la inmigración ilegal. Sin embargo, el proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros va demasiado lejos, según la opinión de algunos. Según la nueva normativa, el inmigrante irregular será a partir de ahora en Italia un delincuente. El ministro del Interior, Roberto Maroni, se apresuró a asegurar que el proyecto de ley toma ciertas medidas desde el "pleno y total respeto de la normativa comunitaria". La normativa establece penas de seis meses a cuatro años de prisión para cualquier inmigrante que se halle de forma irregular en Italia y se aceleran los tiempos de expulsión de inmigrantes. Los procesos judiciales contra inmigrantes serán más rápidos y podrán permanecer en centros de retención más tiempo. Se realizarán pruebas de ADN a los inmigrantes que soliciten la reunificación familiar y se ampliará el tiempo requerido para conseguir la ciudadanía italiana. Además, se castigará hasta con tres años de cárcel usar a menores para mendigar y se confiscarán las viviendas alquiladas a inmigrantes irregulares; también se imponen nuevos requisitos para evitar los llamados matrimonios de conveniencia. Aunque se estudió la posibilidad de que el Ejército patrullara junto a la Policía las zonas más conflictivas, esta idea finalmente se descartó. El proyecto de ley también establece medidas para los ciudadanos comunitarios que quieran residir en Italia, entre ellas, que demuestren tener los "ingresos adecuados" para mantenerse a ellos mismos y a su familia, de tal forma "que no obliguen al Estado a poner al ciudadano a cargo de la Seguridad Social". El proyecto de ley fue muy criticado por los países de la UE, especialmente por España, cuyas críticas ocuparon la portada de los principales periódicos italianos. De hecho, el ministro de Política Comunitaria de Italia, Andrea Ronchi, se desplazó hasta Madrid para explicar la normativa al secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido. Aunque el Gobierno español expresó su "respeto" por cualquier ley que apruebe el Consejo de Ministros italiano, Garrido advirtió de que una medida así podría "derivar los flujos migratorios de forma desproporcionada no sólo hacia España, sino hacia otros países europeos" y consideró que la norma debería haberse "consultado" con los Veintisiete. El Gobierno italiano llegó a comparar su norma con la regularización masiva emprendida por España en 2005, pero Garrido dejó claro que aquella acción tenía como finalidad que "los inmigrantes se quedaran en España". Ronchi, por su parte, justificó la ley en que Italia "tiene una emergencia de seguridad" a la que debía responder para dar "más seguridad a sus ciudadanos". El proyecto de ley del Consejo de Ministros debe ser aprobado por el Parlamento italiano, pero es más que previsible que no encuentre ningún impedimento en las Cámaras italianas, por la mayoría de la que goza Berlusconi en ambas, por lo que la norma que convierte al inmigrante irregular en ilegal puede darse por aprobada.