TERRORISMO
La Cámara vasca mancha su condena al ataque denunciando torturas a etarras
Por Raquel Rodrigo
4 min
España17-05-2008
Tan solo dos días después del trágico atentado de ETA al Cuartel de la Guardia Civil de Legutiano (Álava), que se cobró la vida del agente Juan Manuel Piñuel, el Parlamento vasco presentó una moción por la que censuraba al Gobierno por la tortura a presos etarras.
Fue después de que por primera vez en la historia el Parlamento vasco condenase un atentado de los asesinos etarras contra un miembro de la Guardia Civil. En un gesto sin precedentes, la Cámara de Vitoria instaló además la foto del agente fallecido. Pero apenas 24 horas después de estas muestras de apoyo y desprecio a los terroristas, el mismo Parlamento vasco aprobó una moción en la que acusaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de “amparar sin excepción” y de manera “sistemática” a las fuerzas de la Policía y la Guardia Civil ante las denuncias de presuntas torturas o malos tratos de detenidos etarras, y le acusan de amparar e indultar a los agentes condenados por ello. Aralar fue quien propuso la moción, a pesar del ruego del portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, de que pospusiesen la discusión para más adelante, por respeto al agente asesinado y para no empañar la imagen de unidad que estaban dando los partidos vascos con la condena del atentado. No sirvió de nada y la propuesta se votó: el tripartito PNV-EA-EB, Aralar y PCTV a favor; PP y PSE-EE, en contra. En la resolución reprobaban la “postura que el Gobierno español adopta sistemáticamente ante las denuncias de torturas o malos tratos, amparando sin excepción a las fuerzas policiales”. En este sentido, salió adelante una enmienda de adición del tripartito, exigiendo al Gobierno que “cese la práctica de la concesión sistemática de indultos” a dichas fuerzas policiales. Acusaron también al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, del “total amparo” ofrecido a los ocho guardias civiles ante las denuncias de tortura de los presuntos etarras Igor Portu y Mattin Sarasola. Además piden al Gobierno que adopte las medidas “necesarias para garantizar los derechos humanos”, como la derogación de las leyes que impiden la comunicación de los detenidos o la grabación en video de “su estancia en dependencias policiales”. Desde la Cumbre de Lima, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero comentó que esta acusación es “infundada” y está “fuera de contexto”. “Llamaría a la sensibilidad y a que se usen los parlamentos en el marco de la responsabilidad”, dijo. INSTRUCCIONES DE ETA Por su parte, Rubalcaba respondió a las acusaciones afirmando que “no se ampara nada y menos las torturas” a presuntos etarras, a pesar de que “todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes para que denuncien torturas inmediatamente después de ser detenidos”. Aclaró que, incluso conociendo estas instrucciones, se investigan todas esas denuncias, ya que “los primeros interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo” son la Guardia Civil y el Gobierno. El portavoz del PSE, Pastor, afirmó que “la tortura no cabe en la Constitución”, y dudó acerca de si el acto de homenaje en el Parlamento a Piñuel o el de repulsa unitaria de la mayoría de los partidos “se hace con sinceridad y convencimiento o es una pose escénica para no tener males mayores”. El secretario general del PSE lamentó que la mayor parte del Parlamento vasco aprobara “el manual del terrorista detenido”, “olvidando el asesinato” de Piñuel y “dando la espalda a un Estado de Derecho que funciona con todas las garantías democráticas”. “Es tremendo e inmoral olvidarse tan rápidamente de la víctima y utilizar los argumentos de sus victimarios en un ejercicio de irresponsabilidad enorme”, añadió. El delegado del PP en el País Vasco, Carlos Urquijo, advirtió siguiendo la misma línea, que “no se puede estar ayer en un acto de homenaje al guardia civil asesinado y hoy venir aquí a arrojar la sombra de la duda y cuestionando el honor de la Guardia Civil”. En contra, la diputada del PNV, Gema González de Txabarri, defendió que “el Estado de Derecho debe seguir funcionando”, y denunció que “en España hay impunidad en los casos de malos tratos, y no solo en los referidos a delitos de terrorismo”. Por su parte, el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Javier Balza defendió que el texto aprobado por el Parlamento “expresa lo que piensa la mayoría de la sociedad vasca”. Además, se ha ofrecido a “compartir” con el Ejecutivo el protocolo que aplica la Ertzaintza en sus detenciones e incomunicaciones, que, según Balza, ha sido calificado positivamente por la ONU. Finalmente, desde el PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, instó a Zapatero a no recibir al lehendakari, Juan José Ibarretxe, ante “la ofensa de la Cámara Vasca contra todos, y en especial contra la Guardia Civil, 48 horas después de haber enterrado al último servidor público víctima de ETA”. Censuró la actuación del tripartito acusando al Gobierno de amparar torturas afirmando que “no se puede poder en el mismo lado de la balanza a los terroristas y a los asesinados”.