GESTORAS PRO AMNISTÍA

Los acusados renuncian a su defensa porque su condena "ya está escrita"

Por Raquel Rodrigo3 min

España21-04-2008

“No es un delito denunciar la tortura pero la tortura sí es un delito”. Con estas palabras se defiende Iker Zubía, responsable de Gestoras en Álava, ante una pregunta de su abogado, las únicas a las que respondieron tanto él como todos los demás procesados. Insisten en aprovechar el juicio contra uno de los brazos de ETA para hablar de represión y maltrato humano contra los presos de etarras y sus familias.

La denuncia a las supuestas torturas fue el único tema al que se refirieron los 27 imputados en el juicio contra Gestoras pro Amnistía, ilegalizada en el año 2001 por el Juez Baltasar Garzón y llamada ahora Askatasuna. Durante la primera sesión celebrada, los acusados culparon al tribunal, compuesto por los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel de tener “la sentencia escrita” de antemano. Todos ellos se negaron a responder a las preguntas tanto del fiscal, Carlos Bautista, como de la acusación popular, representada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y sólo contestaron a las de sus abogados defensores. Reconocieron su pertenencia a Gestoras y su orgullo por ello, ya que opinan que los presos etarras “son víctimas de la tortura” por parte de los Estados español y francés”. El primero en declarar fue Juan María Olano, ex portavoz de Gestoras, quien señaló que el tribunal “está a miles de kilómetros de la imparcialidad” y que “la sentencia contra ellos está escrita porque la instrucción se ha desarrollado con un objetivo político”. Expresó que no espera “ningún tipo de justicia” y se mostró seguro de que el tribunal le “va a condenar”. Por este motivo, decidió renunciar a su derecho a ser defendido, aunque aseguró que acudirá a declarar todas las veces que le llame el tribunal. Los responsables nacionales de Gestoras junto con Olano, Aitor Ángel Jugo y Julen Celarain denunciaron la represión a la que está sometida el pueblo vasco y Celarain ha ido más lejos al afirmar que “la política penitenciaria que se impone a los presos políticos vascos se basa en el sufrimiento humano”. Los procesados se intentaron defender de las acusaciones apelando al victimismo, presente durante toda la sesión. María Teresa Díaz de Heredia, responsable de Gestoras en Álava y ya en prisión aunque por otro motivo, declaró que responder a las preguntas de su defensa “es una forma de visualizar el derecho a la pataleta, que es lo único que nos queda”. “Sería querer mirar para otro lado si vengo aquí esperando justicia, no hemos venido aquí para que nos den un diploma, sino para que dicten sentencia contra nosotros, se ha decidido que nos van a condenar”, añadió. "SANGRÍA DEL PUEBLO VASCO" Además, de la pataleta de Díaz de Heredia, afirmaron que “el problema no es la legalidad de la asociación, sino la ilegalidad de la represión”, ya que ellos sólo trataban “de sacar a la calle la sangría a la que se está sometiendo al pueblo vasco”, y siguieron recordando el “sufrimiento” que el maltrato a los terroristas etarras causa a sus familiares. El juicio continuará hasta el 23 de julio, pero al haber renunciado los procesados a la defensa, sus abogados han pedido al Tribunal que omita todas las pruebas solicitadas, excepto determinados testigos que declararán por escrito. De los 200 testigos que estaban citados, sólo testificarán 20. Gestoras Pro Amnistía está acusada de dar apoyo y controlar a los presos etarras, señalar como objetivo terrorista a los supuestos responsables de su encarcelamiento, servir de enlace entre estos y la dirección de ETA, asegurar su sometimiento a la disciplina de la banda terrorista, captar a nuevos miembros y recopilar datos de los sumarios judiciales que pudieran servir a ETA. Para ello, la Fiscalía asegura que ETA eliminaba las iniciativas de reinserción, asignaba 150 euros a cada preso y asesinaba o amenazaba a los reclusos que mantuvieran posturas críticas.