TRIBUNALES

Los errores y el caos sumergen a la Justicia española en su mayor crisis

Por Irene E. Sánchez3 min

España06-04-2008

La huelga de funcionarios, el no traslado a prisión del presunto asesino pederasta de Mari Luz, la anulación de la condena al Grapo Carlos Martín o la reciente no aplicación de la doctrina Parot a un etarra en libertad, son los últimos ejemplos de lo que se perfila como una inminente crisis en la Justicia de España.

El Ministerio de Justicia, y, en general, el sistema legal establecido en el país, no pasa últimamente por sus mejores momentos. Las consecuencias de los recientes batacazos en lo que al mundo de la justicia se refiere, se han visto intensificadas al unirse varios conflictos El caso Mari Luz, uno de los más sonados. La pequeña de Huelva fue asesinada por el pederasta Santiago del Valle, que ya tenía pendientes diversas sentencias condenatorias por abusar de menores, entre ellos, sus propias hijas. Aun a sabiendas de las pruebas que hacían poner en entredicho la inocencia del presunto asesino, el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla no lo tuvo en cuenta y mantuvo en libertad a Del Valle. Ahora, tras conocerse la muerte de la pequeña de cinco años, la Justicia ha decidido abrir un expediente al titular del juzgado, Rafael Tirado, “por una falta grave de desatención”. En libertad, igualmente, permanece el Grapo Carlos Martín Ponce, tras haber asesinado al policía Francisco Javier Sanz Morales. El Tribunal Supremo fue el responsable del actual estado de Martín Ponce, ya que anuló la condena impuesta sobre su persona. Ante la situación, el pueblo natal del asesinado, La Cistérniga (Valladolid), se ha concentrado en protesta, al considerar que “se trata de un acto de desagravio a la familia y a la vez reivindicativo”, tal y como anunció el alcalde de la localidad, Dionisio García Arranz. Otra protesta, aunque ésta de mayores dimensiones, fue la llevada a cabo por los funcionarios de Justicia, que iniciaron una huelga en siete comunidades autónomas del país el pasado 4 de febrero. El paro que ocasionaron se debió a que pedían un incremento en el salario mensual, para equipararse de esta forma al resto de comunidades donde el Ministerio sí ha trasferido sus competencias. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, fue el mayor afectado, dado que la mayoría de las protestas fueron dirigidas contra su mando al frente del departamento. Fue el ministro en funciones el que decidió incluso sentarse con ellos con el objetivo de poner sobre el tapete los intereses de los sindicatos para con los funcionarios insatisfechos. Dos fueron los encuentros establecidos; el primero, finalizado sin resultados, el segundo, “sin vencedores ni vencidos”, según las declaraciones de Bermejo. CCOO, UGT, SCIF y STAJ pretenden convocar un referéndum para someter a consulta a los trabajadores. El 28 de febrero de 2006 es testigo de otra sentencia del Supremo, que, de aplicarse, obligaría a un etarra a permanecer en la cárcel durante 30 años, el máximo penal en el país, sin posibilidad de poder reducir su pena. Precisamente, fue su no aplicación al miembro de la banda terrorista en libertad Etxegarai Gastearena, lo que sacó a relucir los efectos de la llamada doctrina Parot, cuya aplicación fue obviada por la Justicia. Como en el caso del asesino de Mari Luz, en el que se van a tomar medidas contra el juez Tirado para enmendar los errores cometidos, la Sala rectificó el fallo de Gastearena a través la orden de su reingreso en prisión. Todo ello, unido a las trifulcas entre Tribunal Supremo y Constitucional, que se mostraron abiertamente la última vez en la sentencia absolutoria en el caso de los Albertos, la crisis política del Consejo General del Poder Judicial o los nuevos datos aportados por el reportaje anual de “Economic Freedom of the World”, que clasifica a España en el puesto 36, justo antes que Sudáfrica, en el capítulo de estructura legal y seguridad. Datos que no dejan en buen lugar a la Justicia española.