JUSTICIA
La huelga de funcionarios rompe la normalidad jurídica.
Por Paula Portas
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Sociedad04-04-2008
Los funcionarios de Justicia de las Comunidades Autónomas que no cuentan con las competencias transferidas en materia de justicia están en huelga desde el pasado 4 de febrero. Reivindican la igualdad de salarios. Representantes sindicales de los trabajadores y del Ministerio de Justicia han mantenido varias reuniones, la última iniciada a las tres de la tarde del sábado, que contó con la presencia de Ministro Mariano Fernández Bermejo. Tras catorce horas de negociaciones, y pese a un acercamiento de posiciones, finalizó sin una solución definitiva para el conflicto.
Los efectos producidos son alarmantes: impresionantes atascos en los Juzgados, con 41.000 actos judiciales aplazados y más de 30.000 juicios suspendidos. Entre los afectados se encuentran también los recién nacidos, que no han podido ser inscritos en los Registros Civiles y la asignación de pediatra en la Seguridad Social se complica, o los huérfanos y viudas, a los que no se les facilitan los certificados de defunción exigibles para tramitar sus pensiones. Los servicios mínimos para atender asuntos urgentes como las causas con preso en el ámbito penal son insuficientes. Más de un millón de sentencias se encuentran pendientes de ejecutar, de las que 406.665 son penales. La imposibilidad de un funcionamiento normal en los juzgados produce inseguridad jurídica para las víctimas de cualquier delito y, en especial, para las que sufren violencia de género. Sus vidas pueden depender de una rápida actuación judicial que asegure la celebración de juicios y un efectivo cumplimiento de las condenas. Los representantes de los funcionarios solicitaron un aplazamiento de las negociaciones, pasadas las seis de la mañana del domingo, para estudiar la última oferta ministerial: una subida salarial de 190 euros frente a los 200 reclamados. Se comprometieron a estudiar la flexibilización de su jornada laboral semanal a cambio del cobro de complementos de productividad para recuperar el trabajo perdido. Los diferentes sectores implicados consideran insostenible el mantenimiento prolongado de la huelga y reclaman una rápida solución al conflicto. Alertan de que la normalidad jurídica tardará más de un año en producirse.