ILEGALIZACIONES

Garzón suspende tres años a ambas formaciones por ser sucesoras de Batasuna

Por Irene E. Sánchez3 min

España08-02-2008

ANV y PCTV no volverán a acudir a unas elecciones, al menos hasta dentro de tres años. Ese es el tiempo que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decidido suspender por la vía penal a ambas formaciones por considerarlas sucedáneas de Batasuna-ETA. Además el juez incluye la posibilidad de prorrogar esta inhabilitación por dos años más.

Se trata de una suspensión provisional y de carácter cautelar fundamentada en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por ello las ilegalizaciones definitivas de ambos partidos seguirán su curso en la Sala 61 del Tribunal Supremo en virtud de la Ley de Partidos. Pero, a un mes de la celebración de las elecciones generales, la duración del proceso de ilegalización podría hasta triplicar los días que quedan hasta el acontecimiento, y, por ello, se han tomado las mismas medidas: suspensión de las actividades de ambas formaciones. Pese a la cada vez mayor cercanía de los comicios, el juez no dudó en negar la relación entre su fallo y la voluntad de “evitar la concurrencia de ANV a un proceso electoral”. Prosiguió y dijo que “la suspensión se adopta con independencia de esa circunstancia” y para “prevenir la continuación de la utilización de ese partido político para la comisión" de delitos, pese a admitir que “resulta obvio que tiene una trascendencia fundamental en este ámbito”. Con la suspensión cautelar de ambas formaciones se dispone a su vez la clausura durante los tres años “de las sedes locales, establecimientos y cualesquiera otros centros” que posean los afectados y la cancelación de sus cuentas. Pese a ello, no perturbará el auto “las actividades que como personas individuales y titulares exclusivos de los correspondientes escaños puedan ostentar personas integradas” en los partidos y, por ello, podrán continuar en sus puestos tanto en los ayuntamientos locales como en el Parlamento vasco. Entre las pruebas que guiaron al Ejecutivo a solicitar la ilegalización de ANV y PCTV y que ha utilizado el juez Garzón para decretar la suspensión cautelar se encuentran las nóminas a cargo de ANV y PCTV, cuyos favorecidos eran hasta 39 miembros de Batasuna o el manifiesto hallado en la residencia del dirigente abertzale Joseba Permach, en el que ANV se comprometía a “poner en común” todos sus esfuerzos junto con partidos ilegales tales como Batasuna, Askatasuna y Segi, ilegalizada por el Tribunal Supremo el año 2007. Pero uno de los argumentos más llamativos empleados por el magistrado para secundar su decisión fue que el etarra Asier Bengoa, detenido en Francia por su participación en el atentado de Capbretón en diciembre de 2007 y en el que asesinó a dos guardias civiles (Raúl Centeno Bayón y Fernando Trapero Blázquez) fue interventor de ANV en las pasadas elecciones del 27 de mayo. ARGUMENTOS DE ANV Y PCTV La decisión de suspender las actividades de ambos partidos en proceso de ilegalización llegó tras escuchar previamente el juez a los dirigentes y abogados defensores de las dos formaciones tras recibir los informes realizados por la Guardia Civil y la Policía sobre los lazos entre ANV y PCTV con la ilegalizada Batasuna. En la vista del lunes 4, fue el PCTV quien acudió a la Audiencia Nacional, y donde la representante legal, Jone Goiricelaia, alegó sin éxito ante Garzón que los documentos aportados por la Fiscalía pertenecen al año 2005 y que la suspensión de la Audiencia Nacional sería innecesaria por llevar a cabo el estudio de la suspensión cautelar la Abogacía del Estado la misma semana. Un día después comparecía el abogado defensor de ANV, el histórico letrado de Batasuna, Iñigo Iruin, quien recordó al juez que la suspensión sería imposible sin imputar directamente a algún miembro de las formaciones afectadas. Ante el recordatorio de Iruin, Garzón imputó directamente al presidente de ANV, Kepa Mirena Bereziartua, a la apoderada de las cuentas de la formación, Alazne Arocena, y al secretario general, Antxon Gómez, por delitos de colaboración con organización terrorista y asociación ilícita, al considerar su cooperación con ETA en la subvención de sus actividades. Así lo indicó en el auto: “Han dispuesto de fondos y cantidades a favor de Batasuna y sus responsables”, formando parte de “la financiación de actividades terroristas por parte de ETA-Batasuna”.