LESA HUMANIDAD

La Audiencia Nacional investiga los genocidios de Ruanda y Guatemala

Por Ángel Prada3 min

España08-02-2008

Más de cuatro millones de muertos en Ruanda, 250.000 mayas asesinados en Guatemala, miles de torturados y desaparecidos en Argentina. Desde hace varios años la Audiencia Nacional investiga hechos como estos sobre los que ya ha llegado dictar alguna sentencia histórica.

Fue en octubre de 2005 cuando España se declaró competente para investigar delitos de lesa de humanidad cometidos fuera de sus fronteras y aun cuando no hubiese víctimas españolas involucradas. Esta decisión fue acordada en ese momento mediante sentencia firme por el Tribunal Constitucional, que aceptó así una demanda presentada por la premio Nobel Rigoberta Menchú, quien solicitó que fuesen investigados los crímenes cometidos en su país, Guatemala, contra el colectivo maya entre 1978 y 1986. A partir de ahí, son varias las causas que se han seguido en la Audiencia Nacional contra procesos de eliminación masiva de personas como los que tuvieron lugar en la dictadura militar de Argentina. La Audiencia Nacional, después de varios años de investigación desarrollada por el juez Baltasar Garzón, condenó al ex militar argentino Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por un delito de lesa humanidad con un resultado de 30 muertes. Scilingo además fue imputado por dos delitos más, uno por tortura, y otro por detención ilegal. De los 640 años de prisión, se produce al adjudicarle en el fallo de la Audiencia Nacional 30 penas de 21 años, más 5 años de pena por el delito de tortura, y otros 5 años por el delito de detención ilegal. En la actualidad la sentencia de Scilingo se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional después de ser confirmada en el Supremo. También referente a lo sucedido en Argentina está el caso Cavallo. Esta causa instruida también por el juez Garzón contra el ex marino Ricardo Miguel Cavallo se encuentra en la actualidad pendiente juicio. Las acusaciones piden para él hasta 17.010 años de cárcel. Cavallo fue detenido en México en agosto del 2000 y posteriormente trasladado a Madrid para ser juzgado. Miguel Carvallo había cometido delitos en Argentina de genocidio y de lesa humanidad. Tras estas primeras experiencias, el pasado día 6, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu procesó a 40 militares ruandeses aun en activo por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo por los hechos que ocurrieron en el país en los años 90. CUATRO MILLONES DE MUERTOS Les acusa de la muerte de más de cuatro millones de ruandeses y del asesinato de nueve españoles. El actual presidente, Paul Kagame, no ha sido procesado porque la jefatura del Estado le concede estatus de inmunidad. Sin embargo, el magistrado advierte de que existen pruebas suficientes de la participación en la matanza. Andreu ha dictado órdenes de detención internacional contra los procesados, a quienes acusa de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de terror en el país realizando "horrendos crímenes" contra la población civil, la mayoría de etnia hutu. La estrategia de exterminio culminó "bajo el pretexto de razones de seguridad" con la "invasión y conquista" de la República Democrática del Congo. Entre los crímenes de los que se acusa a los militares están las muertes de seis religiosos y tres cooperantes españoles en los campos de refugiados en los que trabajaban. De los testimonios aportados por los 22 testigos, se deduce que para asesinar a personas de raza blanca era necesaria una orden de la cúpula militar. Paralelamente el juez Santiago Pedraz, investiga las matanzas que los militares del Ejército Nacional de Guatemala y las Patrullas de Autodefensa Civil asolaron el país centroamericano a principios de los ochenta. Además, ha hecho un llamamiento mundial para perseguir a los genocidas. Para esta investigación, Pedraz ya ha tomado declaración en los últimos días a los primeros diez de los 38 testigos protegidos que, en los próximos meses, relatarán lo sucedido durante aquellos años -entre 1978 y 1986- en los que fueron asesinadas 250.000 personas (de las cuales 45.000 permanecen desaparecidas).