YAKOVLEV-42

El archivo de la causa genera un nuevo malestar entre las familias

Por Elena Gómez Fernández2 min

España22-11-2007

El juez de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la causa penal abierta contra cuatro responsables militares por los errores cometidos en la identificación de 30 de los 62 cadáveres de los soldados fallecidos. Así, los familiares de las víctimas y el ministerio de lo fiscal, sorprendidos ante esta decisión de Grande- Marlaska, han anunciado que recurrirán ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un decisión que, según dicen, les ha causado "estupor y decepción”.

En su auto de archivo, el magistrado considera que los responsables castrenses realizaron análisis "insuficientes y ajenos a una mínima seriedad" y que obraron con "imprudencia", pero estima que no se les puede atribuir un delito de falsedad documental, como se pretendía. De los 62 fallecidos en el accidente, registrado en Turquía en mayo de 2003 cuando los militares regresaban a España tras participar en la misión de Naciones Unidas en Afganistán, 30 de ellos fueron identificados erróneamente, lo que provocó que se entregara a sus deudos cuerpos que no pertenecían a su familiar fallecido. A juicio del ministerio fiscal, la identificación "aleatoria" de los cadáveres fue establecida por el general de Sanidad Vicente Navarro, quien erró en todos los casos al otorgar una identidad a cada féretro sin practicarse las autopsias ni pruebas de ADN. Los otros tres acusados en esta querella son los dos oficiales médicos que apoyaron a Navarro en la identificación para redactar los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán José Sáez, así como el encargado de dirigir la comisión militar responsable de las identificaciones, el teniente general José Antonio Beltrán. El juez, que el pasado 1 de junio ya archivó la causa que investigaba lo referente a la contratación del aparato, considera que los cuatro militares no cometieron el delito de falsedad documental que se les atribuía. Así, el magistrado no cuestiona que las autoridades turcas no informaran al equipo español de que no se hubieran identificado a 30 militares, pero sí afirma que “lo que sí podemos reseñar es la existencia de una concreta imprudencia”, refiriéndose a la identificación. El juez reconoce que la “imprudencia” del equipo español provocó daños morales como la necesidad de exhumar los cadáveres y la realización extemporánea de pruebas de ADN. Sin embargo, estima que los hechos no tienen de relevancia penal y que, “aún siendo graves”, no constituyen un delito de falsedad. En cuanto a las decisiones tomadas por el magistrado, el fiscal y los abogados de los familiares anunciaron que recurriría la sentencia. Ante todo esto los más perjudicados, los familiares de las víctimas se han pronunciado contra la resolución del caso. Los familiares de las víctimas del Yak- 42 tacharon de “escándalo judicial” el archivo de la causa contra el equipo sanitario que identificó los cuerpos de los militares fallecidos. Confesaron que la resolución les ha sorprendido y que no la esperaban después de conocer la opinión del ministerio fiscal. José Antonio Gracia, portavoz de los afectados en Zaragoza, explicó que la noticia había caído “escandalosamente mal”, ya que no tenían indicios para esperar que el juez intentara “dar carpetazo al asunto”. En su opinión, “está claro que no ha existido ningún interés en llegar al fondo del asunto” y recordó la negativa a que declarara el ex ministro de Defensa Federico Trillo, “porque parece ser que, al llegar a ciertas alturas, ya no interesa proseguir la investigación”.