SENTENCIA 11-M
La Justicia concluye que ETA no participó en los atentados del 11-M

Por Antonio Pérez
5 min
España02-11-2007
El tribunal encargado de juzgar a las personas implicadas en el mayor atentado terrorista perpetrado en Europa desmonta la denominada “teoría de la conspiración” y apenas hace referencias a la guerra de Irak en una sentencia histórica que condena a más de 100.000 años de cárcel a los terroristas que participaron en la masacre.
Meses de instrucción, un juicio sin precedentes en España y centenares de folios para establecer la respuesta de la Justicia a las personas detenidas por su implicación en los atentados terroristas del 11-M en Madrid. El tribunal presidido por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez dictó veredicto, condenó a los culpables y estableció una sentencia que determina, en base a los hechos probados, las responsabilidades de los implicados en los atentados que asolaron la capital española en 2004. A Gómez Bermúdez no le tembló el pulso durante el juicio, y tampoco la voz a la hora de leer la sentencia, que deja claros diversos aspectos que se convirtieron en una constante arma arrojadiza entre los principales partidos políticos y los medios de comunicación españoles. Los jueces defendieron el trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación y durante la crucial etapa de recogida de pruebas, así como la labor de la Fiscalía del Estado, representada por la fiscal Olga Sánchez, y la instrucción del juez Juan del Olmo, unos aspectos que habían puesto en tela de juicio no sólo algunos medios de comunicación, sino incluso el Partido Popular y su presidente, Mariano Rajoy. Del mismo modo, en apenas una frase el presidente del tribunal destacó que no hay pruebas que puedan concluir que la banda terrorista ETA participó, directa o indirectamente, en los atentados, y atribuyó toda la responsabilidad a una célula islamista radical asentada en España. En cuanto a los pilares de la denominada “teoría de la conspiración”, que dejaba la puerta abierta a la participación de ETA y en la que algunos de sus defensores llegaron incluso a acusar a partidos políticos de colaborar en los atentados con el objetivo de que el PP perdiera las elecciones generales de 2004, el tribunal fue desmontando sus bases una por una. La dinamita procedió de mina Conchita y no hay dudas de la mochila de Vallecas En este sentido, la sentencia considera que “toda o gran parte” de los explosivos utilizados en los trenes procedían de mina Conchita, la denominada trama asturiana, y fue facilitada a los terroristas por el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, que ha sido considerado cooperador necesario en la masacre. De esta manera se quita valor a la existencia o no de la marca Titadyne y se mantiene que la mayor parte de la dinamita, si no toda, procedió del mismo lugar. Del mismo modo, los magistrados consideran probado que en la inspección de la furgoneta Renaul Kangoo utilizada por los terroristas se encontraron siete detonadores iguales a los que después se descubrieron en la denominada “mochila de Vallecas”, que se desactivó en el parque Azorín de Madrid y cuya validez también ha sido puesta en tela de juicio por los defensores de la “teoría de la conspiración”. Esta mochila, según la sentencia, procedía de la estación de El Pozo y el tribunal no tiene ninguna “duda razonable” de su validez como prueba. Además, ese tipo de detonadores se encontraron también en la finca de Chinchón utilizada por los terroristas y en el desescombro del edificio situado en la calle Martín Gaite de Leganés (Madrid), donde se suicidaron los terroristas islamistas tras ser descubiertos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. La sentencia destaca que los ocho ocupantes del piso, así como otros de los acusados -entre los que se encuentra Jamal Zougam- son “miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista que, mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pretenden derrocar los regímenes democráticos” y sustituirlos por un “Estado islámico bajo el imperio” de la ley islámica “en su interpretación más radical, extrema y minoritaria”. Respecto a la influencia de la participación española en la Guerra de Irak, la sentencia determina que El Chino llegó a justificar los atentados terroristas del 11-S en Estados Unidos y añadió que “también estaban muriendo inocentes en Irak con el envío de tropas españolas”. Las víctimas de los atentados recibirán entre los 30.000 y un millón y medio de euros para cada uno de los afectados, según ha establecido la sentencia. Una lucha política sin tregua… Y sin fin La lucha política librada en los últimos tres años entre el PP y el PSOE ha llegado en la última semana a uno de sus puntos más calientes después de que la sentencia se hiciera pública, algo a lo que también se han sumado los dos periódicos de información general más leídos en España. Desde el principal partido de la oposición, Rajoy aceptó la sentencia, pero destacó que los “autores intelectuales no han sido condenados como tales” y anunció también que estará dispuesto a apoyar “sin límites” cualquier otra investigación sobre el 11-M. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, respondió con ironía y acusó al ex presidente del Gobierno José María Aznar de ser “el autor intelectual del engaño masivo del 11-M”, consideró al número 2 del PP, Ángel Acebes, “autor material” de este hecho y a Rajoy y al portavoz popular Eduardo Zaplana, “colaboradores necesarios”. También el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respaldó la sentencia y afirmó que, con su publicación, “se ha hecho justicia” y ahora toca “mirar hacia delante”, mientras que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió a Rajoy, también de manera irónica, que repitiera con él “ETA no ha sido”. En la misma línea, Zaplana exigió al jefe del Ejecutivo que declarara públicamente que la guerra de Irak no tuvo nada que ver en la masacre en un baile de acusaciones que, a menos de seis meses de las elecciones generales y a pesar de la histórica sentencia, seguirá indefinidamente en el centro del debate político.