TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PSOE y PP juegan la prórroga de las elecciones en el Constitucional

Por Antonio Pérez3 min

España27-10-2007

El máximo órgano judicial de España se ha convertido en el tesoro más preciado de las dos principales formaciones políticas y en él se juega un partido en el que se determinarán asuntos tan espinosos como la validez del Estatut catalán. Las diferencias entre los jueces conservadores y progresistas serán claves en el futuro inmediato, y ni el PSOE ni el PP están dispuestos a arrojar la toalla.

El Tribunal Constitucional se ha convertido en las últimas semanas en el escenario público de un pulso entre el PSOE y el PP para determinar los nombres de los magistrados que controlan el máximo órgano judicial. El equilibrio de fuerzas en el Alto Tribunal es tan delicado que la recusación de unos magistrados podría dar al traste con objetivos del Gobierno como la puesta en marcha del Estatut catalán o, por el contrario, determinar que el recurso de inconstitucionalidad que los populares presentaron contra el texto no tenía validez. El recurso fue aceptado, por lo que el TC tendrá que pronunciarse y la batalla entre los dos grandes partidos se centra precisamente en esta sentencia, ya que una mayoría conservadora o progresista podría hacer que la sentencia final diera un giro de 180 grados en función de las personas que valoren el recurso. Por eso el que gane en el TC, habrá allanado el camino para que su postura salga reforzada en plena precampaña electoral. Una vez admitido el recurso, el PP solicitó la recusación de uno de los magistrados que participarían en el pleno que analizaría la constitucionalidad del Estatut, Pablo Pérez Tremps, que fue propuesto por el Gobierno socialista para ocupar ese cargo en 2004. El principal partido de la oposición consideró entonces que la participación de Pérez Tremps en la elaboración de un informe sobre el citado texto le impedía ser imparcial en la deliberación. En febrero de este año, el TC admitió la recusación del magistrado, con seis votos a favor y cinco en contra. De esta manera, la balanza quedó, por un solo voto, de lado de los jueces conservadores. Antes de esta recusación, el TC había rechazado otras tres con anterioridad: una contra el propio Pérez Tremps, otra contra la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, y otra contra el juez Roberto García Calvo. Después de aquel episodio, y con la deliberación sobre el Estatut como telón de fondo, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) ha vuelto a abrir la caja de Pandora entre los dos sectores enfrentados en el TC, algo que va más allá de una pugna judicial para mezclarse con el ámbito político. El Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero solicitó la recusación de dos de los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, al acusarles de falta de imparcialidad sobre la LOTC porque en el pasado mes de junio firmaron un texto de reprobación a la reforma de esta ley, que fue recurrida por el PP el pasado julio. El TC podría recusar a cinco magistrados por su opinión sobre la LOTC Por su parte, el PP respondió con fuerza al pedir la recusación de tres magistrados del sector progresista ante el pleno que deliberará la validez de la entrada en vigor de esta reforma. En concreto, el TC podría impedir a los jueces Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala participar en el pleno que decidirá la validez de la reforma si admite la petición de los populares, que acusan a estos magistrados de haber participado en reuniones con la presidenta del TC para conocer previamente el criterio de los jueces sobre la citada ley, que entró en vigor a finales del pasado mes de mayo. En total, el Alto Tribunal podría recusar a cinco magistrados, dos conservadores y tres progresistas. Tanto el PP como el PSOE se acusan de haber bloqueado el TC, y la realidad es que, después de dilatar la composición de los plenos que decidirán aspectos determinantes de la presente legislatura, es más que probable que el tribunal no se pronuncie sobre el Estatut hasta que hayan pasado las próximas elecciones generales. En medio de esta lucha de recusaciones, el secretario ejecutivo de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, ha llegado a decir que es el Ejecutivo el que “tiene en su mano” la capacidad de desbloquear el Alto Tribunal, mientras que desde el Gobierno, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha increpado a la oposición que no admitirá un “tres por dos” y ha asegurado que la actuación del PP viene motivada por la derrota en las últimas elecciones generales.