Lucha contra el terrorismo

Batasuna no formará parte del listado europeo de terroristas

Por Noelia Hernández Martín1 min

España08-12-2001

Los atentados del 11 de septiembre provocaron una reacción inmediata en Europa. El Consejo de Seguridad de la ONU creó, el pasado 28 de septiembre, un grupo de trabajo encargado de velar por la seguridad europea y combatir el terrorismo.

A partir de ese momento, han sido muchas las medidas que se han tomado contra el terrorismo. Se ha creado una Comisión de Vigilancia de Financiación del Terrorismo diseñada para cortar los cauces de financiación de terroristas. Por primera vez, todos los países de la UE contarán con una definición del delito de terrorismo y mantendrán sanciones comunes para los terroristas. Pero, sin duda, el punto que más debate ha despertado es la creación de una lista europea que agrupe a organizaciones terroristas, y la inclusión de Batasuna en la misma. El listado de grupos terroristas será utilizado, con fines operativos, por policías y fuerzas de seguridad de los países miembros para luchar contra el entramado terrorista y desarticular organizaciones. Los populares y socialistas vascos coincidieron en la necesidad de aislar políticamente al nacionalismo radical y apostaron por incluir a Batasuna en la lista y hacer más fácil de esta manera un posible proceso de ilegalización del grupo. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) y Batasuna se mostraron contrarios a esta decisión. Según estos partidos, es inconcebible que una instancia europea persiga a una organización política que es legal en su país. La Unión Europea ha decidido no incluir en la lista de organizaciones terroristas a la formación abertzale. Con esta resolución, Batasuna seguirá siendo un partido legal. Lo cierto es que el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) han reformado dos leyes que afectarán a Batasuna: la Ley Orgánica de Régimen Electoral, a través de la cual, Batasuna no cobrará subvenciones electorales, y la Ley de Financiación de los Partidos, que impedirá que la organización acceda a la financiación pública.