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POLÍTICA

El fin de la legislatura decidirá los asuntos pendientes entre PP y PSOE

Fotografía
Por Antonio PérezTiempo de lectura4 min
España29-07-2007

Poco más de medio año de contrarreloj es lo que le esperará al Ejecutivo a partir de septiembre. En la recta final de esta legislatura, marcada por leyes sociales, la reforma de los Estatutos de Autonomía y, sobre todo, la lucha antiterrorista, el gabinete de Rodríguez Zapatero volverá a encontrarse con los temas que impulsó nada más llegar a La Moncloa: el consenso parlamentario, las reformas estatutarias y la lucha antiterrorista.

Al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le espera un año duro. En los últimos coletazos de la legislatura, los principales partidos políticos tendrán que jugar bien sus cartas si quieren llegar a La Moncloa y tanto el PSOE como el PP no están dispuestos a dejar nada al azar. Mientras que los populares reclaman un adelanto electoral, tras la última crisis de Gobierno, el líder del Ejecutivo mostró, sin embargo, su intención de seguir adelante hasta el final. Incluso antes de irse de vacaciones explicó ante los medios de comunicación que aún le quedan compromisos electorales que cumplir antes de volverse a presentar como candidato a la reelección. Para ello, tratará de mantener el consenso parlamentario, consciente de que se jugará en sus últimos movimientos buena parte de los resultados de las próximas elecciones generales. El PSOE tiene a sus espaldas la aprobación de varias normas sociales como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad o lo que anunció como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, la Ley de Dependencia. Además de la reforma del IRPF y otras medidas sociales, como las ayudas de 2.500 euros por cada hijo nuevo nacido en España. En diversos mítines y comparecencias públicas, el propio Zapatero también ha asegurado que en los últimos meses darán un empujón a nuevas políticas sociales que tendrán principalmente a los jóvenes en el punto de mira. A pesar de esto, a los socialistas también les acompañarán en la última fase de la legislatura algunos asuntos sin resolver que se han convertido en una especie de “patata caliente”. Uno de los más destacados ha sido la reforma de los Estatutos de Autonomía, especialmente el Estatut catalán, aún pendiente de superar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP que deberá resolver el Tribunal Constitucional. En este sentido, si la Justicia concluye que el texto va más allá de los límites establecidos en la Carta Magna, se pondría en tela de juicio no sólo el texto catalán, sino la política territorial promovida por el Ejecutivo socialista desde el inicio de la legislatura. Del mismo modo, el consenso que el presidente abanderó cuando llegó a La Moncloa, en 2004, parece que tendrá dificultades para reeditarse a la vuelta de vacaciones, cuando el Ejecutivo deberá sacar adelante los Presupuestos Generales para el próximo año. Una de las causas es que el apoyo de los grupos minoritarios se ha ido debilitando progresivamente, especialmente con los partidos nacionalistas como Convergencia i Unió (CiU), que no vería con malos ojos la posibilidad de reeditar un pacto con el PP, o Coalición Canaria (CC) que, después de las últimas elecciones, también ha preferido el abrazo de los populares antes que un pacto con el PSOE. El PP ha mantenido la tregua de ETA como una de las prioridades políticas El terrorismo también ha marcado esta legislatura, tanto por el alto el fuego anunciado por ETA en 2004 como por el macrojuicio del 11-M. En este último caso, los jueces que dictarán una sentencia por el crimen más importante en suelo europeo determinarán el grado de implicación de los acusados, así como si la denominada "teoría de la conspiración" -que afirma la existencia de vínculos entre ETA y los terroristas islamistas en el 11-M y, algunos de sus defensores, han llegado a responsabilizar al Gobierno socialista de intervenir en la masacre- se sostiene después de la instrucción del juez Del Olmo y la vista oral. Además del 11-M, si por algo ha estado marcada la legislatura ha sido por el denominado “proceso de paz” y las reuniones entre el Gobierno y la banda terrorista ETA. El atentado de Barajas en diciembre del año pasado y la ruptura forma del “alto el fuego indefinido” ha supuesto la prueba más dura para el equipo del presidente. La crítica constante del líder de la oposición, Mariano Rajoy, a la política antiterrorista de Zapatero –incluyendo la exigencia de la presentación de las actas de las reuniones mantenidas entre la banda y el Ejecutivo- ha mantenido este asunto como una de las prioridades de la legislatura. Prueba de ello ha sido la importancia dada al acercamiento del Ejecutivo a la banda o el trato recibido por el etarra Iñaki de Juana Chaos. Por ello, la posibilidad de un atentado terrorista podría hacer cambiar la estrategia socialista o, en otro sentido, recrudecer el discurso de la oposición. Con los últimos cambios en el Ejecutivo, Zapatero trató de expresar su intención de finalizar la legislatura marcando sus objetivos y evitando que ETA monopolizara la agenda política, pero la banda seguirá, al menos previsiblemente, siendo un importante foco de atención debido al aumento del número de detenciones de etarras y a la intención de la banda de atentar de manera inminente.