JUSTICIA

Un juez de Marbella, acusado de prevaricación y cohecho en el ‘caso Malaya’

Por Enrique García García2 min

España07-07-2007

Un juez era todo lo que faltaba en la trama marbellí, y ahora ya hay uno. A Francisco Javier de Urquía, que apenas llevaba dos años como titular de un juzgado de Marbella, se le presume implicado en el caso urbanístico más importante de los últimos años.

La operación Malaya ya ha ascendido al nivel de “caso” en los medios de comunicación, aunque sólo fuera por su duración. Hace más de un año que la policía encontró finalmente un cable del que tirar y, desde entonces, las dimensiones del ovillo de intriga y corrupción que han salido a la luz no han hecho más que crecer. Un juez es el último cabo que se ha recogido. Concretamente el juez titular del Juzgado de instrucción número 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía, que ha quedado temporalmente suspendido en sus funciones al encontrarse acusado de dos de los delitos más graves que puede cometer un funcionario público: prevaricación –haber tomado una resolución judicial teniendo conocimiento de que era injusta- y cohecho -haber aceptado sobornos, presumiblemente derivados de una relación con la red de corrupción urbanística del municipio malagueño-. La suspensión tuvo lugar después de que el juez instructor del caso Malaya y compañero de Urquía, Miguel Ángel Torres, enviara un informe al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la medida cuenta con el respaldo unánime de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, la Justicia estudia la posible relación entre Urquía y el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto “cerebro” de la trama urbanística, Juan Antonio Roca, que podría haber abonado diversos pagos al magistrado imputado. Por su parte, Urquía ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ante el también juez Miguel Pasquau, pero nada de lo que ha dicho ha trascendido ya que las actuaciones se han declarado secretas. Tanto Pasquau como el fiscal que estuvo presente en la declaración del juez imputado consideraron que no procedía imponer ninguna medida cautelar “excepcional” contra el Urquía, por lo que quedó en libertad, aunque seguirá siendo investigado hasta que la Justicia determine el grado de implicación del magistrado en el denominado caso Malaya. Hasta el momento de su suspensión, el acusado instruía hasta ahora varias causas, entre las que cabe destacar el caso Hidalgo, que investiga el presunto blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde. En este procedimiento hay 24 imputados entre notarios, abogados y supuestos clientes de dicho bufete. El sustituto de Urquía hasta que se esclarezcan los hechos, será designado entre sus compañeros de la Audiencia de Marbella por turno ordinario, un sistema que se emplea de manera habitual para reemplazar a jueces que tienen la baja o están de vacaciones.