GOBIERNO

El Ejecutivo potenciará las reformas sociales en el final de la legislatura

Por Antonio Pérez4 min

España08-07-2007

Con el último cambio de Gobierno, Rodríguez Zapatero no sólo mostró que pretende agotar la legislatura, sino que dio un golpe de timón y subrayó que la necesidad de realizar cambios para potenciar en el último año de su primer gobierno. Para ello, el Ejecutivo hará especial hincapié en diversas reformas sociales, la modernidad de la Administración, la investigación y la cultura.

El objetivo del recién inaugurado Gobierno es, tal y como anunció el presidente, “completar los compromisos electorales en los ocho meses que quedan hasta las elecciones” y “preparar los cambios y los proyectos de la próxima legislatura”. Por lo tanto, no sólo se trata de dar por concluido el programa electoral con el que los socialistas concurrieron a las últimas elecciones de 2004, sino que los cambios realizados van más allá. Buena parte de la batalla política entre Rodríguez Zapatero y Rajoy se disputará en los próximos meses, por lo que el Gobierno tratará de impulsar reformas sociales y prestará una atención especial a los jóvenes, que forman buena parte de su activo político. En este sentido, el presidente también hizo alusión en el pasado Debate sobre el estado de la Nación a que uno de los objetivos principales de su Gobierno será el logro del pleno empleo. Para ello contará especialmente con la colaboración del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, uno de los miembros del “núcleo duro” del PSOE, además de amigo personal del presidente. Además de él, el resto de los ministros tendrán que dar cuenta de su gestión y comunicar las medidas adoptadas para convencer a los ciudadanos y conseguir de nuevo revalidar la confianza de los españoles en las urnas. También el mundo de la cultura tendrá un papel importante, así como la modernización y el acercamiento de la Administración a los ciudadanos y la investigación científica, tal y como justificó el Gobierno el cambio de papeles en la última remodelación de Zapatero. Con ella, el líder del Ejecutivo aprovechó para lanzar un guiño al Partido Socialista de Cataluña (PSC) e incluyó a Carme Chacón en su Ejecutivo, aumentando la cuota de poder de los socialistas catalanes en el Gobierno central, que ya contaba con Joan Clos, ministro de Industria, Comercio y Turismo –que sustituyó a José Montilla al frente de esta cartera cuando éste concurrió a las elecciones catalanas para aspirar a gobernar la Generalitat. De esta manera se da más peso a una de las comunidades autónomas que, junto con Andalucía, más votos dan al PSOE en el conjunto nacional. Las decisiones del Gobierno que afectarán a Cataluña no se quedarán ahí tampoco. El propio presidente ha prometido el desarrollo del Estatuto catalán con una comisión mixta entre el Gobierno y la Generalitaty, de hecho, aseguró el traspaso de competencias de los trenes de Cercanías antes de que finalice este año. Del mismo modo, el anuncio de las ayudas por cada hijo nacido –tildado como “electoralista”- será con toda probabilidad el primero de una batería con la que tratará de impulsar medidas sociales que calen en los ciudadanos y logren movilizar, de manera muy especial, a los votantes de izquierda y de centro-izquierda. Tanto el PSOE como el PP son conscientes de que los resultados de las próximas elecciones generales dependerán en gran medida de lo que ocurra en los próximos meses, por lo que los dos grandes partidos protagonizarán un enfrentamiento especialmente duro en el fin de una legislatura que ya va adquiriendo un marcado toque de campaña electoral. El toque de atención de las pasadas elecciones municipales, en las que el PSOE, a pesar de aumentar de manera notable su poder municipal, perdió en número de votos ante el PP, hace que los socialistas tengan en cuenta la necesidad de sumar apoyos que les permitan mantenerse en La Moncloa. El PP centra su discurso en la crítica a la política antiterrorista En este sentido, los dos partidos van tomando posiciones para lograr mantener o mejorar, según el caso, su respaldo. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ya ha marcado como una prioridad la política antiterrorista, un asunto que el principal partido de la oposición considera prioritario. Con la petición de las actas de las reuniones entre el Gobierno y ETA, Rajoy pretende mantener en primera línea lo que, según considera, ha sido uno de los mayores errores del Ejecutivo: el diálogo con la banda terrorista. Sin embargo, Zapatero contestó en el pasado “cara a cara” con su oponente que no hay margen para el diálogo, por lo que se da por finalizada la ambigüedad que mantuvo el Gobierno a la hora de hablar sobre el proceso después incluso del atentado de ETA en Barajas el pasado mes de diciembre. Las últimas detenciones de miembros de la banda avalan su postura. Si no hay puerta abierta para iniciar una negociación, Rajoy se queda sin una de sus principales bazas, pero el líder popular dio en el pasado Debate sobre el estado de la Nación algunas pistas que podrían centrar su discurso en los próximos meses. Entre los asuntos que destacó, Rajoy apuntó a la pérdida de capacidad adquisitiva, la crítica reforma de la Educación y la inclusión de la asignatura Educación para la Ciudadanía –en la que cuenta con el respaldo de la Iglesia católica-, la inmigración, la Ley de la Memoria y el peso de España en la política internacional.