CORRUPCIÓN

España retrocede ocho años en materia de transparencia

Por Enrique García García 1 min

España24-05-2007

Un informe de Transparencia Internacional (TPI) indica que el Índice de Percepción de corrupción bajó en España a un nivel de 6,8, en 2006. Es decir, los mismos resultados que había en 1999. Esto supone el puesto 23 de la lista mundial por debajo de 14 países de la Unión Europea.

España se encuentra por detrás de países como Islandia (9,6), Finlandia (9,6), Nueva Zelanda (9,6), Dinamarca (9,5), Singapur (9,4), Suecia (9,2), Suiza (9,1), Reino Unido (8,6), Estados Unidos (7,3) pero por delante de Estonia (6,7), Portugal (6,6) y Emiratos Árabes Unidos (6,2). En estos resultados ha tenido mucho que ver la corrupción urbanística de ámbito local. Generalmente la de alcaldes o concejales que aceptan, o más bien exigen dinero para conceder permisos de obras o recalificar terrenos. La reciente Operación Malaya contra la corrupción urbanística supuso la punta de un iceberg formado por un constante goteo de nuevos casos se han ido sucediendo en distintas localidades de España, a medida que eran descubiertos y procesados por la policía o el poder judicial. El hecho es que la extensión y la cantidad de casos locales que se están descubriendo o que se están investigando como posibles es considerable. Una corrupción subyacente, que ha estado operando durante años y que ahora las fuerzas del orden sacan a la luz pública. Por ello, TPI pide al Ejecutivo que tome medidas, que siga combata estos vicios, y al mismo, tiempo apela a los ciudadanos para que no voten a políticos corruptos. Reclama, asimismo, que los propios partidos alcancen un acuerdo para luchar contra un fenómeno que afecta negativamente a la economía, el medio ambiente y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. TPI señala la necesidad de nuevas herramientas para combatir la corrupción empresas-partidos (que según las encuestas, son las dos instituciones consideradas más corruptas) como procedimientos repara denunciar los casos de corrupción en el extranjero o sistemas de protección a los denunciantes.