ETA

La Justicia también da por roto el proceso y actuará contra Otegi

Por Silvia Sánchez4 min

España06-01-2007

El atentado del pasado día 30 de diciembre en el aeropuerto de Barajas ha afectado a todas las dimensiones del sistema. La Justicia española ha intervenido ya y ha prohibido que el dirigente abertzale Arnaldo Otegi salga del país ante la posibilidad de que sea llamado a declarar, entre otras cosas, por sus declaraciones vertidas tras las explosiones que han costado la vida a dos personas.

Otegi está otra vez en el punto de mira de los tribunales después de asegurar que “el proceso no está roto y es más necesario que nunca”. En una comparecencia pública en la que no admitió preguntas, el representante de Batasuna responsabilizó al Gobierno de la actual situación, por no haber dado los pasos necesarios y anunció que la izquierda abertzale propondrá nuevas iniciativas para reanudar el diálogo multilateral. Otegi expresó su solidaridad con las personas heridas por la explosión pero no condenó el atentado. De este modo, el portavoz de Batasuna pasará de ser calificado como “un hombre de paz” por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a visitar en los próximos meses los juzgados ya que todavía tiene siete procesos abiertos por varios delitos. Se le imputa por enaltecimiento del terrorismo y pertenencia a banda terrorista. Otegi participó en 2005 en un homenaje al etarra José María Sagarduy, al que comparó con Nelson Mandela diciendo que el líder sudafricano primero fue considerado terrorista, luego preso, más tarde interlocutor en el proceso de paz. Otegi ya había protagonizado escenas similares en otros actos de homenaje a terroristas, como el de 2003 a Arkaitz Otazua, muerto en un tiroteo con la Ertzaintza o en el entierro de Olaia Castresana, donde elogió a los “soldados” que había muerto por la independencia. Hasta ahora, el líder radical ha evitado entrar en prisión varias veces durante el pasado 2006 en el caso de las “herriko tabernas” y por inducción a actos violentos, tras depositar elevadas fianzas. Pero las últimas actuaciones de la Audiencia Nacional no terminan aquí, ya que el juez Ismael Moreno prohibió el acto convocado por el llamado Movimiento Pro Amnistía para el sábado en el velódromo de Anoeta en San Sebastián. Según el juez, la organización ilegalizada Askatasuna está detrás de la convocatoria. Entre los convocantes se encuentran los presuntos etarras Unai Romano e Ibon Meñika y los antiguos portavoces de la organización ilegal Juan María Olano y Julen Larrinaga. El Movimiento pro Amnistía aseguró que no entendía y no admitía la prohibición del acto y mantuvo su convocatoria de la manifestación pese a la decisión judicial. CAMBIO DE CRITERIO Hace algunos meses, las manifestaciones promovidas por el entorno de ETA y Batasuna no eran tan rápidamente prohibidas, lo que provocó en muchas ocasiones protestas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y del Partido Popular contra las decisiones del Ejecutivo de Zapatero y el poder Judicial. En septiembre, el juez Baltasar Garzón permitió que Batasuna celebrara una manifestación bajo el lema 'Euskalerría tiene la palabra y la decisión' porque no entraba en el ámbito de la suspensión de actividades de la formación ilegalizada. El pasado mes de diciembre, la dirección de la Erztaintza remitió a las comisarías una orden para que se consideraran las manifestaciones de la izquierda abertzale como asuntos de seguridad ciudadana. Esto significaba que los actos se podrían desarrollar aunque se mostrasen símbolos de ETA y Batasuna, mientras no representasen peligro para las personas o los bienes. El líder del PP, Mariano Rajoy acusó a los dirigentes del partido socialista de realizar "actos de presión" contra "la independencia del poder judicial". José Luis Rodríguez Zapatero, respondió entonces defendiendo la "interpretación de la ley" que realizaba la Fiscalía. Además de los casos de prohibición de manifestaciones y actos de Batasuna, los procesos de las organizaciones Segi y Harrai siguen todavía abiertos. En noviembre, el Tribunal Supremo solicitó una ampliación del plazo para dictar sentencia. En 2005 la Audiencia Nacional consideró a Haika, Segi y Harrai como asociaciones ilícitas, mientras que la AVT y la Fiscalía solicitan que sean consideradas como asociaciones terroristas. Estas organizaciones juveniles, responsables de muchos actos de kale borroka tienen a varios de sus miembros en la cárcel y el Supremo considera que se trata de un asunto de “gran complejidad”. Además de los líderes políticos, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también ha valorado la situación tras el atentado terrorista. Según Conde-Pumpido, no se puede acusar a la Justicia de intervenir en la ya rota negociación de paz, ya que “el papel de la Justicia no es ni favorecer ni obstaculizar el proceso de paz, ni ningún otro proceso, sino aplicar las leyes”, comentó. El fiscal ha dicho además que “la Fiscalía actúa siempre sobre la base del criterio de imparcialidad y legalidad”. Según Conde-Pumpido “este atentado ha dilapidado las esperanzas de paz” y en su opinión, ahora “lo importante es seguir aplicando la ley”.