CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife implicado en una trama de comisiones

Por Angie Rigueiro2 min

España09-12-2006

La Operación Malaya fue la encargada de abrir la caja de los truenos de la corrupción urbanística en España. No obstante, la proliferación, cada semana, de nuevos escándalos relacionados con este tema va camino de hacer olvidar incluso a la trama marbellí. En los últimos días, la atención ha pasado del archipiélago balear al canario, donde el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó abrir una investigación para aclarar la supuesta implicación del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, en un presunto delito de cohecho.

La Fiscalía Anticorrupción encontró pistas de una supuesta trama de corrupción urbanística entre los documentos intervenidos en la sede central de la empresa Fórum Filatélico en Madrid, que se relacionaban a la filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.A. Garzón, que investiga la presunta estafa en bienes tangibles a miles de clientes de esta empresa de inversión, remitió el informe de la Fiscalía para investigar el posible delito de cohecho de Miguel Zerolo. Las operaciones a estudiar están relacionadas con la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y con el desarrollo de dos parcelas en Valle de Tahodio. El alcalde se defendió ante las atribuciones de su relación íntima con el empresario ligado a la sociedad dependiente de Fórum, José Ana, con el que remarcó mantener una relación “estrictamente profesional”. Zerolo aseguró que jamás había “pedido nada” ni le había “ofrecido nada”. Además, afirmó que “Coalición Canaria no tiene pánico a la justicia, sino que la respeta, la defiende y es la primera que lucha por la Justicia de España”. Se defendía así de las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que acusó a los nacionalistas de temer a la ley. El alcalde mostró su predisposición a que el caso llegue a los juzgados para poder demostrar su inocencia y la de su partido. Lo contrario ocurrió en el otro archipiélago español, el balear, donde el escándalo del caso Andrtax salpicó al Partido Popular. Finalmente, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12, Álvaro Torre, decretó prisión provisional sin fianza para el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y para el ex celador de Obras municipal, Jaume Gibert. El juez levantó la medida de incomunicación sobre los dos detenidos, que hasta ahora permanecían aislados. Pese a todo, los abogados de los correspondientes acusados consideran la actuación judicial de “injusta y excesiva”. Los grupos de la oposición manifestaron sus críticas al presidente balear, Jaume Matas (PP), quien insistió en aclarar que no tiene “ningún problema” en explicar al juez el contenido de la conversación que mantuvo con Hidalgo dos días antes de su detención. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que el caso de corrupción urbanística en Andratx es “cada vez más el caso Matas” y exige a éste “una explicación” sobre "sus malas compañías y encuentros en la tercera fase", en alusión a su reunión con el ex alcalde del municipio.