ETA

La Justicia cerca a Ibarretxe y a López por reunirse con los ‘abertzales¬

Por Ángeles Rigueiro3 min

España12-11-2006

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, y el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, podrían pagar caros sus encuentros públicos con la ilegalizada Batasuna. En ambos casos, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) aceptó a trámite diversas querellas presentadas en contra de estas reuniones.

En concreto fue el Foro Ermua y el PP quienes denunciaron estas entrevistas, producidas tras la declaración de alto el fuego de ETA, por tratarse de reuniones con una formación ilegalizada por el Tribunal Supremo. A partir de ahí, el TSJPV investigará los hechos, precisamente por delitos de desobediencia de sentencias del Tribunal Supremo y por quiebra de la medida cautelar de la suspensión de actividades de Batasuna de la Audiencia Nacional. Ibarretxe pidió amparo al Tribunal Constitucional para no ser juzgado por mantener una reunión con Otegi. El lehendakari formalizará este recurso de amparo ante el TC contra la decisión del TSJPV de acusarle por reunirse con la ilegalizada Batasuna. En la misma línea, la vicelehendakari, Idoia Zenarrutzabeitia, advirtió que “es la primera vez que se inicia un procedimiento penal contra un lehendakari y no va a resultar gratuito encausarle”. Desde el Partido Socialista ya han manifestado su voluntad de que Patxi López no sea procesado por esta situación ya que entienden que “no hacia lo que quería, sino lo que debía”. Así lo aseguró el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien incluso llegó a mostrar su confianza en que su compañero “pasó un mal trago conversando con estos personajes de la ilegalizada Batasuna”. En ese sentido insistió en que hablar con la izquierda abertzale no te hace cómplice de terrorismo”. La misma sensación tienen desde el Partido Socialista de Euskadi (PSE). La formación autonómica ya ha anunciado para el próximo 18 de noviembre un acto de solidaridad con su secretario general, Patxi López tras la decisión del TSJPV. Según explicaron, la convocatoria que tendrá lugar en que el en el Palacio Euskaduna de Bilbao consistirá en “un acto de firmeza democrática y de firmeza de la defensa de la paz, con este proceso, y con el aliento que supone para este proceso llevar tres años, cinco meses y once días sin una víctima nueva”. Caso Atutxa Por su parte también, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tendrá que valorar si Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao cometieron un delito de desobediencia al negarse a disolver el Grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (SA) El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tendrá que seguir con el proceso contra el ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por negarse a disolver el brazo político de ETA en el Parlamento, tal y como se lo ordenó la Sala del 61 del Tribunal Supremo en los meses siguientes a la ilegalización de Batasuna. El Supremo ordenó al TSJPV que valore si Atutxa cometió un delito de desobediencia. El máximo organismo judicial del País Vasco, exigió que se decida una nueva sentencia tras rechazar que la negativa de la Mesa a disolver el Grupo de Batasuna estuviera amparada por la inmovilidad. El TSJPV evitó entrar en el fondo de la cuestión en la sentencia que se dictó el pasado año. Declaró su falta de jurisdicción para poder enjuiciar a Atutxa, Knör y Bilbao por un acto que entendían que estaba amparado por el privilegio de la inmovilidad parlamentaria. El Tribunal Supremo decidió dictar una sentencia en la que se determine cuáles son los actos por lo que miembros de una cámara legislativa no pueden ser juzgados. No se hará valoración en ningún momento si los implicados llevaron a cabo un comportamiento delictivo cuando se negaron a ejecutar la disolución del Grupo de Sozialista Abertzaleak. Los magistrados de la Sala segunda afirman que no toda la actividad parlamentaria se encuentra protegida por la inmunidad. Los componentes de una cámara legislativa no pueden negarse a cumplir un mandato judicial sin ser juzgados por ello, si su actuación desprendiera posibles indicios de delito. La reacción de los afectados al recibir la decisión del Supremo fue la de no pronunciarse.