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ESTAFA FILATÉLICA

La Fiscalía estudia nuevas imputaciones en el ‘caso Fórum-Afinsa’

Por Carmen JardónTiempo de lectura1 min
Economía11-11-2006

Continúan las investigaciones y continúan apareciendo nuevos datos. Se trata de la estafa filatélica más importante de la historia de España. Ya han pasado seis meses desde que salió a la luz este escándalo financiero y se prevé que el proceso sea largo. Los más afectados son los clientes de estas entidades financieras, que tendrán que esperar mucho tiempo para poder recuperar su dinero.

La Fiscalía Anticorrupción estudia la posibilidad de imputar a más ejecutivos relacionados con la investigación que presuntamente han participado en las operaciones delictivas que desembocaron en un agujero patrimonial superior a los 4.400 millones de euros en las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa y que ha afectado a más de 400.000 clientes. Anticorrupción investiga a las dos compañías filatélicas por estafa, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental. Por ahora, ya son 16 los imputados por estos hechos. Éstos formaban parte del consejo de administración, de las direcciones generales y de las auditoras. Las nuevas designaciones podrían afectar a ejecutivos de sociedades que participaron en el proceso, como proveedores, empresas interpuestas o testaferros. Además, las investigaciones se han amplíado a otros países. Se han descubierto nuevas cuentas de Francisco Briones, ex presidente de Fórum, de su familia y de algún otro directivo de Fórum Filatélico. Afinsa tampoco se salva, ya que el regulador estadounidense SEC (Securities and Exchange Comission) ha abierto un expediente a su filial en Estados Unidos, Escala Group. Esta sociedad está participada en un 67 por ciento por Afinsa y cuenta con un total de 10 demandas diferentes en varios juzgados estadounidenses. A pesar de ello, el ex presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, y el ex presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, continúan negando las acusaciones y aseguran que no hay pruebas, ya que las dos compañías cumplían con la legislación vigente de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC).