BOLIVIA

El Gobierno impone a las petroleras un elevado impuesto adicional

Por Elena De Román Martín2 min

Economía02-09-2006

La petrolera brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa TotalFinaElf han tenido que abonar conjuntamente una cantidad de 32,3 millones de dólares al Gobierno boliviano, presidido por Evo Morales, tras ser conminadas por el Ministerio de Hidrocarburos.

Tras la nacionalización de los hidrocarburos llevada a cabo por Morales, éste es el primer pago de las multinacionales y ha supuesto un triunfo para el Gobierno. En los cuatro primeros meses de la nacionalización no se habían llegado a concretar diversos aspectos en la medida estrella del presidente boliviano. Según la resolución dictada por el Ministerio de Hidrocarburos, los próximos 11, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre las petroleras deben entregar las cuantías correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre, respectivamente. La petrolera Andina, filial de Repsol YPF, es la que más ha aportado en este primer pago, concretamente 16,1 millones de dólares. Petrobras ha abonado 11,3 y TotalFina ha dado 4,9. El desembolso corresponde al 32 por ciento del valor de la producción de los campos de gas de San Alberto y San Antonio, los más grandes de Bolivia, y a la exportación enviada principalmente a Brasil durante mayo, primer mes de la nacionalización. Este dinero ha sido destinado a una cuenta de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el Banco Central. Con los recursos obtenidos de este nuevo tributo se pretende fortalecer a esta compañía, que se halla muy débil técnica y financieramente y que se encuentra sumida en una grave crisis. Precisamente, el presidente Morales tuvo que relevar al principal ejecutivo de YPFB, Jorge Alvarado, acusado de infringir la nacionalización de los hidrocarburos al cometer irregularidades en un contrato que firmó para exportar crudo a Brasil. Antes de la nacionalización, el Estado boliviano recibía el 50 por ciento del valor de la producción de los pozos petroleros, mientras que ahora este porcentaje asciende al 82 por ciento. Además, las petroleras tienen que pagar impuestos sobre las ganancias que les deje el 18 por ciento restante, del que también deben salir sus costes de operación. Este pago es el primer resultado económico directo de la nacionalización de la industria de hidrocarburos, una de las medidas claves para acelerar el crecimiento económico del país más pobre de Sudamérica.