MARBELLA
El urbanismo de nuevo en el ojo del huracan
Por Teresa García
2 min
España20-05-2006
De un pueblecito de pescadores a la Operación Malaya median varias décadas de un desarrollo urbanístico marcado por un intervencionismo inmobiliario que favorece la corrupción, porque deja en manos de los funcionarios locales un amplio margen para decidir qué se puede hacer o dejar de hacer.
El pasado 29 de marzo, la Policía rodeó el Ayuntamiento de Marbella en una operación contra la corrupción, que comenzaba con la detención de la alcaldesa, Marisol Yagüe, y con ella hasta 23 personas, con acusaciones de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar precios, entre todo un rosario de delitos. La operación , conocida como Operación Malaya ya ha llevado a cabo una veintena de registros domiciliarios y la intervención de más de un millar de cuentas. El hombre clave es Juan Antonio Roca. Al poco de ser expulsado por Julián Muñoz, logró que unos tránsfugas del GIL, más el PSOE y el PA se hicieran con el Ayuntamiento, lo que le permitió continuar con la trama. El 2 de abril, el juzgado número 5 de Marbella ordenó prisión incondicional a la alcaldesa Marisol Yagüe, por delitos de cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas. También recibieron orden de prisión incondicional Juan Antonio Roca, y el empresario Ismael Pérez Peña, encargado del alquiler del parque móvil del Ayuntamiento, así como el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez. Poco después se sumaría la Teniente de Alcalde Isabel García Marcos a la lista de los enviados a prisión incondicional, en su caso bajo cargos de cohecho y alteración de precios en concurso y subasta pública, así como fraude e infracciones ilegales. El 4 de abril, el Gobierno comenzaron los trámites para la disolución del Ayuntamiento de Marbella, el primero sobre el que recae esta facultad del Gobierno desde que se aprobó la Constitución. Pero no aprobó la celebración de nuevas elecciones, como solicitaba el PP, por los plazos que fija la Ley Electoral. Al día siguiente, el Senado aprobó por unanimidad la disolución del Consistorio y el Gobierno aprobó la disolución del Ayuntamiento por las "gravísimas imputaciones judiciales" contra sus miembros. Para elegir la comisión gestora que se encargaría del Ayuntamiento hasta las elecciones de 2007, el Gobierno eligió a Salvador Pendón, implicado en un presunto delito electoral por enviar SMS contra el PP el 13-M. Pendón ha dicho que el asunto quedó archivado. La Gestora estará presidida por un socialista, y estará compuesta por seis cargos de dicho partido, seis del Partido Popular, dos de IU y dos del PA.