SERVICIOS SECRETOS
El Gobierno subordina la actividad del CNI a una decisión judicial
Por MªJesús Torres
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España13-10-2001
El Gobierno ha cambiado de opinión respecto a los servicios de inteligencia españoles y ha rectificado en su voluntad de que los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antiguo CESID, pudieran entrar en los domicilios o intervenir las comunicaciones sin previo permiso del juez. Aún en los casos de terrorismo o en aquellos de urgencia, el CNI no podrá actuar sin haber solicitado una autorización judicial con 24 horas de antelación.
El proyecto de ley recién modificado establece en 72 horas el tiempo de antelación para aquellas operaciones que afecten a derechos fundamentales. Un magistrado del Supremo, con tres años de antigüedad y designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por un periodo de cinco años, será el encargado de autorizar las intervenciones del CNI. El control parlamentario lo ejercerá la comisión del Congreso encargada del control de los fondos reservados. En adelante, el CNI estará vinculado al ministerio de Defensa, pero una Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de Inteligencia gobernará y coordinará el centro. Mariano Rajoy, ministro de Interior, presidirá la comisión, en la que también estarán el ministro de Defensa, el de Exteriores, el director del CNI y el secretario general de la Presidencia. Los cambios en el proyecto de ley se producen después de los contactos que el ministro de Defensa, Federico Trillo, mantuvo con los distintos partidos de la oposición para llegar a un consenso. El primer resultado de esas conversaciones es que la ley del CNI se convierte en dos: una ley ordinaria para fijar el estatuto, objetivos y funcionamiento del servicio secreto; y otra ley orgánica para regular el control judicial de sus actividades. Aunque los cambios se produjeron tras el acuerdo con los socialistas, fueron decisivas las críticas vertidas por la mayoría de los partidos y asociaciones judiciales, así como por el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles. Todos ellos observaban aspectos inconstitucionales en el proyecto de ley. El pasado viernes, el Gobierno remitió el proyecto de la ley ordinaria al Consejo de Estado y el de la ley orgánica al CGPJ para su estudio.