REFORMA AUDIOVISUAL

El Consejo de Ministros aprueba la ley para la reforma de RTVE

Por Silvia Álvarez-Buylla2 min

Comunicación01-08-2005

El ente público asumirá en los primeros meses de 2006 las nuevas medidas recogidas en el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros. El modelo de financiación cambiará, ya no existirá posibilidad de endeudamiento, el director de RTVE no será designado por el Gobierno y la programación de contenidos se orientará al servicio público.

El Estatuto de 1980 se ha quedado “insuficiente y anticuado". Para sustituir a éste y suplir sus carencias, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal. Esta es la reforma de RTVE más importante de los últimos 25 años. Con ella se pretende garantizar la independencia, neutralidad y objetividad de la radio y televisión públicas y establecer un modelo organizativo y de financiación que les permita cumplir su tarea de servicio público. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que, con la remisión a las Cortes de esta reforma, se va a conseguir “una televisión independiente, plural, sostenible, con un sistema de financiación mixta, desgubernamentalizada y de calidad”. El ente público se convierte en Corporación RTVE, una sociedad anónima pública, con capital estatal, que gozará de autonomía en su gestión. Estará controlada por el Parlamento y el Consejo de Medios Audiovisuales. Los cambios más significativos afectan principalmente al régimen jurídico de RTVE, los órganos de gestión, la financiación y la programación. Una de las reformas más radicales atañe al modelo de financiación. Hasta ahora, RTVE ha obtenido sus recursos a través de subvenciones, ingresos publicitarios y endeudamiento. Sin embargo, el proyecto de ley expone que la Corporación de RTVE se financiará con publicidad y con los Presupuestos del Estado. Pero el ente público no podrá recurrir al aval ilimitado del Estado y tendrá prohibido generar deuda. Si los gastos se desvían un 10 por ciento de lo presupuestado durante un periodo de dos años, o si supera un ajustado techo de déficit, todo el Consejo será destituido automáticamente. Una propuesta exigente que tiene como objetivo cuadrar las cuentas y frenar la deuda histórica de RTVE. El director general ya no será nombrado por el Gobierno, sino que será designado “con criterios profesionales” por un Consejo de Administración que gozará de plena autonomía. Estará formado por diez miembros con un mandato de seis años, “superior al de una legislatura para situarlos al margen de los vaivenes políticos”, que elegirán a su vez al director general. Para su nombramiento, será necesario el apoyo de dos tercios del Parlamento. La producción y difusión de contenidos de TVE y RNE se deberá ajustar a su función de servicio público. Se preservará la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad. Esta gran reforma de RTVE, junto con el resto de las medidas audiovisuales aprobadas por el Gobierno, deja encauzada la gran renovación del sector. Ésta se completará después del verano con otros dos proyectos de ley: la Ley General Audiovisual y la Ley de creación del Consejo de Medios Audiovisuales.