ARGENTINA

Los represores de la dictadura militar pierden la impunidad legal

Por Miguel Martorell1 min

Internacional19-06-2005

Las llamadas leyes del perdón han sido declaradas anticonstitucionales y anuladas por la Corte Suprema argentina. Esta resolución implica que todas las causas judiciales abiertas contra los represores de la dictadura militar (1976-1983) puedan ser elevadas a juicio oral y sigan adelante los procesos.

Durante el Gobierno del presidente Raúl Alfonsín, en diciembre de 1986 y en junio de 1987, se aprobaron las llamadas leyes del perdón, que indultaban a miles de militares implicados en los secuestros, torturas, desapariciones y ejecuciones de la anterior dictadura castrense (1976-1983). Con la Ley de Punto Final -un límite en el tiempo para denunciar los crímenes- y la de Obediencia Debida -dictaminó que los oficiales de rango inferior actuaban por órdenes de sus superiores- el Ejecutivo acallaba las protestas castrenses por las numerosas citaciones judiciales a oficiales y suboficiales y exculpaba a cerca de 1.500 militares. Declaradas inconstitucionales por primera vez en 2001 por un juez, hasta agosto de 2003 el Parlamento argentino no se pronunció en firme y anuló las leyes. Se reabrían ese mismo año dos grandes causas por violaciones de los Derechos Humanos en la dictadura, pero todavía era necesario una resolución de la Corte Suprema para permitir elevar a juicio oral muchas de las causas. Con la frase "la impunidad se ha terminado en Argentina", el presidente de la República, Néstor Kirchner, celebraba la decisión del máximo órgano judicial argentino, que servirá para que los cerca de 1.500 militares implicados (el 10 por ciento de ellos aún sigue en el Ejército) puedan ser juzgados por participar en los secuestros, torturas, desapariciones y ejecuciones que se dieron durante la dictadura militar.