JUSTICIA

Las sospechas de prevaricación se ciernen sobre el fiscal general

Por Alejandro Requeijo1 min

España08-06-2005

“Falta de confianza”. Esas son las razones que ha esgrimido el fiscal general de Estado, Cándido Conde Pumpido, para no renovar en su cargo al que desde 1996 era el fiscal jefe de lo Penal del Supremo, Eduardo Torres-Dulce.

Desde la Asociación de Fiscales aseguran que Torres-Dulce “reúne condiciones más que sobradas y conocidas por todos para continuar en un cargo en el que nadie, jamás, ha puesto tacha alguna a su trayectoria profesional. Sin embargo, ahora, no se le renueva". Además la asociación ha acusado al fiscal general de “sectarismo” y de no decir “toda la verdad”. Esta cesión se produce tan sólo un semana después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -dirigida por Torres-Dulce- admitiese a trámite una querella criminal presentada por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM). Acusan a Conde Pumpido de un delito de prevaricación por la no ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) a pesar, según ellos, de las múltiples pruebas que enlazan a esta formación con el entorno de ETA. Es por ello que desde el CJTM tienen su propia opinión acerca del cese de Torres-Dulce. “Asistimos a una maniobra del Fiscal General para colocar a una persona de su confianza en el puesto de fiscal jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, que es el que conocerá de la querella penal dirigida contra él”, aseguró el presidente de la institución, Víctor Lozano. El abogado director de la querella, Javier Mª Pérez Roldán afirmó que “el Fiscal General, al parecer, pretende cubrirse frente al resultado de nuestra querella, ya admitida a trámite por el TS, destituyendo a un fiscal que considera no afecto”. El acusado, Conde Pumpido, ya se ha puesto en contacto con el ministerio de Justicia, para recomendar un sucesor, se trata de Juan Ignacio Campos.