JUSTICIA
La declaración de menores ante su agresor reabre el debate sobre su protección
Por Patricia de Pablo
1 min
Sociedad18-05-2005
El juicio celebrado el pasado 18 de mayo contó con el testimonio de tres de las cuatro niñas llamadas a declarar en contra de un profesor de kárate de dos colegios de Barcelona. La cuarta no se presentó en la Audiencia de la capital catalana tras sufrir una crisis nerviosa.
Las menores llamadas a declarar tienen entre 9 y 13 años. Estas niñas tuvieron que comparecer en el juicio sin la protección de una mampara ya que el Tribunal presidido por el magistrado Pedro Martín, lo consideró indispensable para la "adecuada formación de su convicción" la confrontación visual entre el procesado y las víctimas. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló respecto de este caso que el Gobierno mantiene su compromiso de acometer en la presente legislatura una reforma global del proceso penal que garantice la defensa de los testigos y víctimas. Pero la polémica decisión de la sección segunda de la Audiencia, ha movido al defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades. Este anunció el 19 de mayo que impulsará un protocolo que evite situaciones contrarias al interés general del menor, como la que se produjo con estas cuatro niñas en Barcelona. Núñez Morgades considera que la situación del caso de estas cuatro niñas catalanas es contraria al interés superior del menor. El defensor del Menor aseguró que inducirá la aprobación de un protocolo que evite situaciones así sin afectar para nada la independencia de los jueces. Para ello mantuvo el pasado 18 de mayo, una conversación con dos vocales del Consejo General del Poder Judicial. También Convergencia i Unió (CiU) presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta para modificar el artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la finalidad de que los menores estén protegidos cuando declaren como testigos ante los jueces y Tribunales. En opinión de una diputada de CiU, Mercé Pigem, resulta "paradójico" que "cuando los menores delinquen se les dé un tratamiento diferenciado y que, por el contrario, se les trate como adultos cuando son víctimas".