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TELEVISIÓN

Los propietarios de Telesierra, encarcelados

Por Alicia AragónTiempo de lectura2 min
Comunicación07-03-2005

El Juzgado de Madrid que investiga la supuesta estafa cometida por Telesierra decretó, el 4 de marzo, el ingreso en prisión de los propietarios de Telesierra, pese a que habían solicitado quedar en libertad argumentando motivos de salud.

Cinco millones de euros en llamadas al 806. Este es el presunto fraude que ha cometido el matrimonio Rodrigo del Campo y Rosario C. Z., así como sus hijos Recaredo y Rosario. La familia es propietaria de una empresa, Telesierra, productora de un concurso de televisión que explotaba en varias cadenas locales. Los espectadores llamaban a teléfonos de tarifa adicional y se les mantenía durante largo rato en espera. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Colmenar Viejo (Madrid) decretó, el pasado viernes, el ingreso en prisión de la familia Del Campo, si bien el martes de esa misma semana los dejó en libertad bajo disposición familiar por motivos de salud. Tras el análisis forense para determinar si la causa argumentada era justificada para evitar el ingreso en prisión (aseguraban padecer claustrofobia), el juez ha dictaminado que deben ser encarcelados. Sin embargo, según informan las agencias, el cambio de sentencia se debe a que los acusados podrían estar intentando entorpecer la investigación judicial. Mientras, la Guardia Civil investiga aún si el premio para el ganador se abonaba o también forma parte de la estafa. Los programas concurso tenían una duración de una hora y media o dos horas. Durante este tiempo, se realizaba una pregunta muy elemental a la que los espectadores respondían con una llamada. El presentador informaba de respuestas erróneas de supuestos concursantes y, justo a la hora de concluir el concurso, se daba entrada a una llamada con la respuesta acertada. El procedimiento consistía en dejar la respuesta en un contestador automático que se grababa supuestamente en una base de datos y comunicaba que el usuario quedaba a la espera de entrar en concurso, pero, pasado el límite de tiempo, se cortaba. Las llamadas eran retenidas durante un máximo de 30 minutos, el límite legal permitido para los teléfonos de tarifación adicional.