COMPETENCIA

El Gobierno integrará el TDC y el SDC en un solo servicio

Por Nieves Abancéns2 min

Economía22-01-2005

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) se encarga de hacer cumplir la Ley de Defensa de la Competencia, mientras que el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) se ocupa de vigilar, investigar e inspeccionar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal y de las prácticas de las empresas. Ahora, el Gobierno planea integrar los dos organismos en uno, denominado Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

La propuesta fue presentada por el ministro de Economía, Pedro Solbes, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, y la directora general de Defensa de la Competencia, Nadia Calviño. Éstos declararon que se trata de una reforma para eliminar las trabas a la actividad económica y mejorar la competitividad y productividad de la economía española. La Comisión estará formada por el presidente, tres o cuatro consejeros y un secretario. El presidente tendrá voto de calidad en caso de que el número de consejeros sea impar, y el secretario tendrá la competencia de dictar resoluciones de la Ley de Defensa de la Competencia. Su mandato podrá adoptar dos formas: un período largo no renovable o uno más corto renovable, con el fin de lograr un equilibrio entre la estabilidad y la independencia del organismo. Solbes también dijo que el nombramiento del presidente y los consejeros, en el caso de que la reforma salga adelante, se hará primero ante el Congreso de los Diputados. Actualmente el nombramiento de los cargos lo hace el Gobierno. Solbes calificó a la nueva Comisión de "única e independiente". De esta manera se convertirá en el único órgano competente para autorizar concentraciones y el Gobierno sólo podrá actuar en defensa del interés general. La reforma no supondrá el nombramiento de un nuevo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. Solbes explicó que quien ostenta el cargo en estos momentos, Gonzalo Solana, lo ocupa por un período determinado, y le deseó que agotara su mandato. El ministro también señaló que, de momento, este proyecto se trata de un Libro Blanco, que deberá convertirse en proyecto de ley y pasar por el Parlamento, donde se debatirá. Si los cambios previstos llegaran a buen puerto, el Consejo de Ministros, que es quien regula las concentraciones, sólo podría vetar la decisión de la nueva Comisión por criterios de interés general distintos de la competencia. Además, la reforma reflejará cuáles son los baremos que se seguirán para mantener el interés general, como, por ejemplo, la defensa de la competitividad exterior o el desarrollo tecnológico de algún sector económico.