LATINOAMÉRICA
Argentina le pone un límite al acuerdo con el FMI: el próximo 9 de noviembre
Por Raquel G. Vidal2 min
Economía06-10-2002
Las relaciones entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) son como una danza de amor-odio. Ahora te siento cerca, pero en un rato pelearemos de nuevo. Si días atrás los ataques provenían de ambas partes, ahora se asegura, desde el lado argentino, que el acuerdo está muy cerca.
Pero por muy cerca que esté, no acaban de fiarse de lo que haga finalmente el FMI, de ahí las declaraciones contradictorias que a veces van contra el Fondo y otras en su favor. Justo por eso, por no tener muy claro cuando llegará el acuerdo, Argentina se ha puesto un plazo máximo para llegar a él: el próximo 9 de noviembre. Ese día vence el plazo para pagar al Banco Mundial una cantidad aproximada a los 1.050 millones de dólares. Si no hay acuerdo, tendrán que decidir si entran en suspensión de pagos total o si recurren a sus paupérrimas reservas, algo que ya han descartado en alguna ocasión, por tanto, la opción que probablemente tomarán será la de la suspensión de pagos. Aunque las cifras económicas siguen siendo de vértigo (previsiones de caída de la economía para este año de un 18 por ciento; el 53 por ciento de la población sumida en la pobreza; un tercio de la población activa sin empleo), parece que en las últimas semanas la economía argentina se está tomando un respiro. Según el Ministerio de Economía, el Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de septiembre fue el más bajo del año. Además, la recaudación de impuestos ha crecido en los últimos tres meses con respecto al mismo periodo del año anterior y las reservas de los bancos han aumentado en 1.100 millones de pesos (291,8 millones). Eduardo Duhalde ha llegado a afirmar que Argentina ya ha salido del pozo y que lo ha hecho “sin ayuda externa”. De todos modos, el presidente también ha reconocido que esta ayuda es indispensable para poner en marcha el crecimiento, así que no ha hecho feos al préstamo venido desde España de 100 millones de euros que se destinarán a proyectos de infraestructura, sanidad y educación para atender las necesidades de la población más desfavorecida.