SIN ESPINAS
La justicia social del PSOE
Por Javier de la Rosa
3 min
Opinión26-09-2004
Hay un sector del gobierno socialista que quiere acabar literalmente con la Iglesia católica en España. Destruirla por completo. Y no nos andemos ahora con paños calientes porque lo van a intentar aprovechando que están en el poder y que la mayoría católica ha quedado anestesiada tras la acción del primer gobierno del PSOE y la omisión del gobierno de Aznar. Lo que pasa es que entre esa mayoría católica mediocre o durmiente hay otra silenciosa a la que se está empezando a despertar a fuerza de darle empujones y no dejarle vivir tranquila. Con seis meses en el poder, el gobierno del buen talante da prioridad a cuestiones cuya demanda social sólo existe entre las minorías que quieren promover su cambio. Es decir, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y sus amigas de las asociaciones feministas, de gays y lesbianas. Por eso, hoy por hoy, el aborto, el divorcio express y “el matrimonio homosexual” son las cuestiones que se apresura a cambiar en vez de promover legislaciones y medidas que acaben con el paro, la inseguridad ciudadana y la inmigración desbordada. Problemas reales que incluso con el CIS manejado por los socialistas siguen siendo las verdaderas preocupaciones de los españoles. Pero claro... ¿Cuál es la institución que levanta la voz cuando la señora Fernández de la Vega anuncia que va a promover una legislación encaminada a destruir la familia para crear ella su particular modelo y el de sus amigos? La Iglesia católica. Conclusión: es el momento de acabar con esta institución o presionarla para que se calle durante el proceso. Pero ella sabe mejor que nadie que el Estado no financia a la Iglesia, y que el Estado no es el Gobierno sino todos los españoles. El dinero público que va a la Iglesia es el de todos los españoles que, con plena libertad, decidimos que una parte de nuestros impuestos vaya destinada a quien hace tanto por nuestra sociedad, igual que otros deciden que vaya a otros fines sociales donde se engloban otras asociaciones que también ayudan. El gobierno socialista quiere evitar que el Estado articule siquiera ese sistema de financiación para perjudicar a la Iglesia todo lo posible, todo lo que esté en su mano. Quieren acabar con una institución que sólo en España no tiene parangón en el campo de la asistencia social y de la caridad y que no es igualada ni de lejos por el resto de las ONGs juntas. Cáritas es el buque insignia del catolicismo en esta imponente labor. Una institución cuya actividad social y caritativa está fuertemente respaldada por los fieles y organizada de tal manera a través de los años y de la experiencia que provocaría un desastre si desapareciera. Con sus casi 70 delegaciones diocesanas y otras 10 Cáritas autonómicas se une a ONGs católicas como Manos Unidas. La labor católica en España ha comenzado el siglo XXI en el campo social con 116 centros hospitalarios; 180 centros de caridad y sociales como ambulatorios y dispensarios; 865 casas de ancianos, inválidos o disminuidos psíquicos; 323 orfanatos; 417 guarderías infantiles; 325 centros especiales de reeducación y “otros” 717 centros de caridad y sociales más. Iniciar el camino para acabar con todo esto es lo que pretende el Ejecutivo del PSOE. ¿Es una broma o es que la justicia social de la que habla el Gobierno socialista es otro globo sonda?
