ANÁLISIS DE ESPAÑA
Democracia es votar, pero no tanto
Por Alejandro Requeijo
3 min
España09-01-2017
El Ayuntamiento de Madrid va a celebrar en febrero tres consultas ciudadanas, una sobre un billete de transporte único, otra sobre la reforma de la Plaza de España y otra sobre un acuerdo relacionado con el cambio climático. La iniciativa parte de una política del consistorio madrileño a partir de la cual con 27.000 firmas ya se puede convocar una consulta. Esas son muchas personas, por ejemplo, para alojarlas en el salón de casa, pero pocas si atendemos a que apenas representan el 1% de una ciudad en la que viven 3 millones de habitantes. Cada consulta va a costar a todos los madrileños entre 200.000 euros y medio millón. Eso puede ser poco para las arcas de un Ayuntamiento, pero la factura ya escuece más si se tiene en cuenta que alguna de estas consultas ni siquiera será vinculante. “Antes no votaban nada”, argumenta el concejal de Participación Ciudadana, Pablo Soto. Ahora en cambio, a poco que se organice la gente podría votarse sobre la conveniencia de seguir pagando impuestos, que al Madrid algún día le piten un penalti en contra o si hay que dejar de ir a trabajar los lunes. Desgraciadamente nada de eso sería vinculante tampoco.
Detrás de cada referéndum suele haber siempre un interés de los gobernantes por trasladar a los ciudadanos el marrón de tomar una decisión que las autoridades no se atreven a aplicar. El año 2016 ya ha dado buena cuenta de la irresponsabilidad que puede llegar a ser esconderse detrás de una consulta. Usan a la ciudadanía de escudo eludiendo la responsabilidad que previamente los ciudadanos le otorgaron en las urnas y que incluye el reto de tomar decisiones, aunque puedan ser impopulares. Eso, que no es otra cosa que la regla de oro de la democracia representativa, es lo que viene a poner en cuestión el equipo de Carmena con esta iniciativa. Soto recurre como ejemplo a las muchas consultas que se desarrollaron en Alemania tras la caída del muro. De paso -no podía faltar- añade que le parece una “aberración democrática” que en Cataluña no se pueda votar sobre la independencia: “Se han toxificado y judicializado” los referéndum en España”. En este caso olvida que el Tribunal Constitucional de la misma Alemania que usa como referente acaba de negar la posibilidad de un referéndum secesionista en Baviera.
El caso es que a Soto y al Ayuntamiento de Madrid 27.000 personas, por muy peregrina que sea su reclamación, le parecen “muchas” razones para rascarse el bolsillo (el de todos, no el suyo) y poner las urnas. El precedente son los llamados “presupuestos participativos” en los que 45.000 personas (un 2%) decidió sobre una partida de 60 millones de euros. “¿Prefieren que decidan todo el presupuesto los ciudadanos?”, alega. ¿Y para qué se supone que les votamos?. Es como si esos concejales hubiesen llegado en una nave espacial desde Marte y les hubiese puesto ahí alguien distinto a los ciudadanos con su voto en las elecciones. Lo grave es que haga falta explicar a estas alturas que un puñado de concejales representan más voluntad popular que 45.000 personas. Aún a riesgo de parecer totalitario, si mañana estuviese en la camilla de un quirófano preferiría que las decisiones las tomase el cirujano y no una consulta convocada en el pasillo. En este caso el problema puede ser que el cirujano nos está tratando de decir que su conocimiento para adoptar decisiones que afectan a todos no es distinto al de cualquier otro ciudadano sin preparación alguna. Haber empezado por ahí.
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Alejandro Requeijo
Licenciado en Periodismo
Escribo en LaSemana.es desde 2003
Redactor de El Español
Especialista en Seguridad y Terrorismo
He trabajado en Europa Press, EFE y Somos Radio