El PNV recurre la ley de Partidos ante el Constitucional
Por Cristóbal Cabezas
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España28-09-2002
El Ejecutivo de Juan José Ibarretxe acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de Partidos después de que el Parlamento autonómico rechazara esta posibilidad con los votos de Partido Popular (PP), Partido Socialista de Euskadi (PSE) y los de la propia Batasuna -antes Herri Batasuna (HB)-. Del mismo modo, apuntó la posibilidad de que sea presentada la querella que se anunció contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El consejero de Interior, Javier Balza, anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de Partidos que supuso el inicio del actual cerco político y judicial a Batasuna en la lucha contra el terrorismo. Se da la circunstancia de que durante su debate en el Congreso, Izquierda Unida (IU), socio actual del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Ejecutivo vasco, se abstuvo. Una posición que contrasta con el respaldo del coordinador de Izquierda Unida-Ezker Batua (IU-EB), y miembro del Gobierno vasco, Javier Madrazo, a dicho recurso, así como a la futura presentación de una querella por prevaricación (faltar un empleado público a la justicia en las resoluciones propias de su cometido, conscientemente o por ignorancia de su cargo) contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las medidas adoptadas a raíz del auto de suspensión de Batasuna. La vicelehendakari del Ejecutivo vasco, Idoia Zenarruzabeitia, justificó el recurso en que la ley de Partidos no sólo va contra Batasuna sino "que afecta a los derechos libertades y garantías democráticas del conjunto de la sociedad y de las instituciones vascas". A juicio del Ejecutivo de Ibarretxe, ésta contiene "gravísimas infracciones" e introduce "obligaciones y límites legales" a la actividad de los partidos "que no encuentran fundamento en la propia Constitución española", adquiriendo "un sesgo de medida de excepción". Además, sostiene que la citada ley "introduce obligaciones y límites contrarios al valor superior del pluralismo político y que se superponen y duplican a los ya establecidos en el Código Penal". Hace 10 años que el Ejecutivo de Vitoria, siempre en manos de nacionalistas, no acudía al TC por discrepancias con su doctrina y funcionamiento. Es más, el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, llegó a referirse a su actual presidente Manuel Jiménez de Parga, como "un árbitro comprado".