Historia de una ley contra Batasuna
Por Mª Jesús Torres
3 min
España19-05-2002
El proyecto de Ley de Partidos Políticos, más allá de la simple reforma de una ley preconstitucional, responde al deseo de minar y debilitar a la organización terrorista ETA desde la legalidad. La idea de la reforma de la Ley es acabar con Batasuna, partido al que el Gobierno y la oposición consideran el brazo político de ETA. El texto del anteproyecto prevé que un partido político pueda ser disuelto cuando apoye el terrorismo.
El mismo día en que ETA atentaba contra el dirigente de las Juventudes Socialistas del País Vasco, Eduardo Madina, hace tres meses, se reunían los representantes del Gobierno y el Partido Socialista (PSOE) en el seno del Pacto Antiterrorista, y hablaban por primera vez de una ley que podría acabar con Batasuna. La idea era hacerlo mediante la reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos, que es preconstitucional. En aquel primer encuentro, los dos representantes socialistas, Jesús Caldera y Juan Fernando López Aguilar, mostraron su apoyo a la idea de una ley para poner fin al terrorismo. El tira y afloja sobre si el proyecto había sido acordado o no fue la causa de que la negociación de la ley se alargara durante tres meses. Esta modificación de la Ley de Partidos pretendía ser "el eje central de un conjunto de medidas antiterroristas que buscan fortalecer la respuesta del Estado de Derecho contra quienes lo vulneran de manera reiterada", como decía el informe del Consejo de Ministros del pasado 22 de marzo, cuando se aprobó el anteproyecto y se decidió remitirlo al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que estudiaran su posible inconstitucionalidad. Fue entonces cuando se conoció por primera vez el contenido del texto legal y cuando se empezaron a oír voces contrarias a la ley, incluso dentro del PSOE. La primera crítica la recibió la aplicación retroactiva que proponía el texto. El malestar creció cuando el secretario general del PP, Javier Arenas, afirmó la ley se aplicaría contra Batasuna "el primer día en que esté en vigor". Más adelante fue José María Aznar, el presidente del Gobierno, el que dijo que él encabezaría la lista de diputados que pedirían la ilegalización de Batasuna y que deseaba que Zapatero hiciera lo mismo. Por aquellas fechas el Gobierno se mostraba totalmente en contra de modificar el texto, que en teoría había sido pactado entre PP y PSOE. Otras de las críticas hacían referencia a la generalidad de algunos párrafos que hacían posible que se pudiera ilegalizar a un partido antisistema o republicano, por ejemplo. Los esfuerzos de la oposición se centraron en conseguir que sólo fueran las conductas y no las ideas las causas de ilegalización. El tercer punto en discordia era quién estaba legitimado para instar la disolución de un partido o qué sala del Tribunal Supremo debía tomar la última decisión. En medio de todas estas discusiones, el CGPJ y el Consejo de Estado dieron su visto bueno a la ley. La tensión se ha mantenido en el último mes, en el que los partidos de la oposición han ido presentando sus enmiendas hasta que en la última semana el Gobierno y el PSOE han acordado un texto que supera todas sus diferencias.