SIN CONCESIONES
Sin Verdad no hay Justicia
Por Pablo A. Iglesias
4 min
Opinión28-06-2012
Se llamaba Silvia y tenía apenas seis años. Su padre era guardia civil en el cuartel de Santa Pola (Alicante). La pequeña jugaba en su casa cuando una bomba acabó con su vida. Ocurrió el 4 de agosto de 2002. Dentro de poco se cumplirá una década de la matanza. Junto a ella falleció Cecilio, un hombre de 57 años que pasaba sus vacaciones en Torrevieja. Aquellas dos muertes integran el largo historial de crímenes de ETA. Pero no son dos víctimas más. El asesinato de Silvia y de Cecilio supuso un punto de inflexión en el combate social contra el entramado terrorista. Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los dos grandes partidos políticos de España. Al día siguiente de la masacre, en la que otras 40 personas quedaron heridas, se puso en marcha el proceso de ilegalización de Batasuna. Ninguno de sus integrantes lamentó el ruin asesinato de aquella niña de seis años. Por lógica, justicia y dignidad había que expulsar de las instituciones a los representantes políticos de quienes disparaban en la nuca y colocaban bombas como la de Santa Pola. Diez años después, el Tribunal Constitucional rehabilita políticamente a los asesinos. Autoriza Batasuna como partido con el nuevo nombre de Sortu a pesar de que la Policía, la Guardia Civil, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo todavía ven claras sinergias con ETA. La izquierda abertzale volverá a las instituciones con plenitud. Hasta ahora había sorteado la ley con agrupaciones municipales como Bildu y coaliciones electorales como Amaiur. Desde 2002, la Justicia frenó en seco la presencia de la banda terrorista en la política. Prohibió Sozialista Abertzaleak, AuB, Aukera Guztiak, Herritarren Zerrenda, ASB, D3M... Todas estas formaciones fueron impugnadas por su estrecha connivencia con los terroristas y, especialmente, por negarse de manera reiterada a condenar la violencia. Podrían haber concurrido a los comicios de haber discrepado de las pistolas y las bombas. Pero no lo hicieron. Así que el Tribunal Constitucional siempre ratificó la decisión de los jueces. Hasta ahora. Hay quienes hace diez años aplaudieron la anulación de Batasuna y ahora, incongruencias de la vida, festejan la legalización de Sortu. Deben de haberse olvidado de Silvia, Cecilio y la inmunidad política que gozaban entonces los proetarras. Los crímenes de los encapuchados siempre han contado con el silencio e incluso el aplauso de los concejales y diputados de la izquierda abertzale. Por eso, no se entiende que el lehendakari, Patxi López, sea el primero que ha cambiado radicalmente de opinión. Diez años después de la matanza de Santa Pola, aduce que ha llegado el momento de devolver un sitio en las instituciones a los cómplices de ETA. Lo hace para "normalizar" la sociedad vasca, como si las víctimas también fueran a resucitar de sus tumbas y regresar a sus casas con la familia. Por desgracia, no, no volverán. Para que Sortu pueda entrar en el Parlamento de Vitoria habría que exigir que, previamente, se desmarque expresamente de ETA y, por ejemplo, condene diez años después las muertes de Silvia y Cecilio. No se les puede premiar por haber dicho que no volverán a matar. Si nunca fueron de fiar, no se puede dar por buena su palabra. Los magistrados del Tribunal Constitucional son los primeros que deberían aplicarse esta máxima. Su sentencia a favor de Sortu sólo se entiende como una generosa contrapartida a ETA por el comunicado del pasado 20 de octubre. Cuesta creer que, sin aquel anuncio, Sortu fuera legal. El fallo de los jueces sorprende cuando ni los terroristas se han disuelto ni han abandonado las armas ni han pedido perdón a las víctimas ni se han arrepentido de sus crímenes. Su argumento de que el mero rechazo a la violencia en los estatutos proetarras es suficiente para entrar en las instituciones supone un insulto a la inteligencia de cualquier niño, más aún con lo ocurrido a la pequeña Silvia de seis años. No se puede dar mayor credibilidad a una palabra escrita por obligación en un papel que a los propios hechos. Nadie de Sortu se ha desmarcado de ETA en el último año ni ha condenado el terrorismo. Nadie. Si la Justicia no respeta la Verdad, nadie lo hará. El subjetivismo ha llegado demasiado lejos en esta sociedad plagada de personas y decisiones arbitrarias. No se debe autorizar a Sortu a presentarse a las próximas elecciones porque en sus estatutos reprueba la violencia, sin importar si es verdad o no. Una Justicia que no se basa en la Verdad no es Justicia. Una Justicia que da más importancia a una palabra escrita que a unos hechos no es digna. Una Justicia sin dignidad no tiene respeto ni credibilidad. La sentencia de Sortu es injusta e indigna. Pero lo peor de ella es que da la espalda a la Verdad. Y cuando la Justicia cierra los ojos a la Verdad, el Estado de Derecho muere. Jamás deberíamos olvidarlo, especialmente por Silvia y por Cecilio.
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Pablo A. Iglesias
Fundador de LaSemana.es
Doctor en Periodismo
Director de Información y Contenidos en Servimedia
Profesor de Redacción Periodística de la UFV
Colaborador de Cadena Cope en La Tarde con Ángel Expósito