ANÁLISIS DE CULTURA
El ‘culebrón’ llamado Ley Sinde
Por Marta G. Bruno
2 min
Cultura31-01-2011
La intervención en un medio tan complejo y diverso como es Internet es una tarea ardua, en la que existen muchos intereses. Fue rechazada en el Congreso de los Diputados, pero el pacto entre PSOE, PP y CiU para desbloquearla podría llevarla a mediados de febrero al éxito en el Senado. Con esta enmienda, al menos se mantiene “cierta” privacidad del afectado: será necesario pedir una autorización judicial para acceder a los datos personales del que presuntamente está vulnerando la ley. Por otra parte, el canon digital sigue siendo un fantasma difícil de hacer desaparecer: aunque desaparece para fabricantes, los usuarios privados seguirán pagando. Pero en esencia sigue igual. Seguirá existiendo ese órgano administrativo (la llamada Comisión de Popiedad Intelectual), libre para cerrar las páginas web que le parezcan ilegales y los enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor. Se hace la petición y tras el toque de queda judicial, el aludido tiene dos días para retirar los contenidos de forma voluntaria o protestar por la censura. Dada la cantidad de trabajo que acumula nuestro sistema fiscal, son altas las posibilidades de una saturación judicial aún mayor de la que España sufre hoy. Si nos ceñimos a los puntos polémicos del texto, este es el eje de la discordia entre Gobierno e internautas. Analicen esta frase: esta comisión podrá cerrar una página web “siempre que se actúe directa o indirectamente con ánimo de lucro o sea susceptible de causar un daño patrimonial”. Que sea “susceptible” significa que se puede cerrar una página de forma preventiva. Por si acaso. Y la posibilidad de acogerse a ello ha molestado a trabajadores de la industria del cine como Alex de la Iglesia, que aseguran que “compartir archivos es la esencia de Internet”. Es bastante probable que esta iniciativa, que lleva ya sobre la mesa desde finales de 2009, sirva para poco, porque sólo se podrá aplicar en páginas nacionales. Fuera de nuestras fronteras hay tantas otras páginas a las que los usuarios podrán acceder. Cuesta creer que se puedan poner diques a los internautas. Muchos coinciden en vaticinar el fracaso de la ley, dada la subjetividad de esta, porque por ponerse, el Ministerio podría cerrar la gran mayoría de las páginas, y es que casi todas usan elementos protegidos. Es la guerra entre los intereses de muchos y la libertad de otros tantos por navegar. ¿Pero quién tiene más libertad, el que crea o el que usa esa creación?
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Marta G. Bruno
Directora de Cultura de LaSemana.es
Licenciada en Periodismo
Estudio Ciencias Políticas
Trabajo en 13TV
Antes en Intereconomía TV, La Razón y Europa Press