MODERNIZAR LA JUSTICIA
Los jueces dan un ultimátum de medio año al Gobierno para evitar la huelga
Por Esteban del Pozo
2 min
España16-01-2009
“¿Quién mató al Comendador? / Fuenteovejuna, Señor / ¿Quién es Fuenteovejuna? / Todos a una, Señor”. Este es el extracto más famoso de una de las mejores obras del teatro español. En Fuenteovejuna , Lope de Vega, muestra la rebelión de un pueblo entero contra las injusticias y abusos de poder que cometía el Comendador de la ciudad andaluza. En relación a la posible huelga de los jueces, no está claro quien es el Comendador. Pero de lo que no hay duda es de que las principales asociaciones judiciales han tomado el relevo de los habitantes de Fuenteovejuna y han cerrado filas a la hora de exigir al Gobierno que acometa de manera definitiva la modernización de la Justicia.
La posición de fuerza de las asociaciones de justicia más importantes de España ha provocado que estas amenacen al Gobierno con convocar una huelga el 26 de junio de este año. Si en un plazo de seis meses el Ejecutivo no da pasos que muestren su compromiso con la modernización de los juzgados, los jueces colgarán la toga durante todo un día. Se trataría de un protesta sin precedentes en la carrera ya que los jueces forman parte del Estado, y por tanto no les estaría permitido organizar ningún tipo de paro. El tono de las críticas entre el Ministerio de Justicia y los órganos representativos de los jueces ha alcanzado un nivel más alto a partir de la posibilidad de una huelga. Pero el conflicto no es nuevo. Todo comenzó a partir del denominado caso Mari Luz. El presunto asesino de la niña onubense de cinco años era un pederasta que ya había sido condenado por este delito en España y que el titular del juzgado de Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, tenía que haber ejecutado una sanción sobre él que le habría llevado a la cárcel. El magistrado nunca llegó a ejecutar la sentencia y el presunto asesino pudo cometer su fechoría de matar a Mari Luz. Este error judicial arrastró una queja unánime de la sociedad española, con el Gobierno al frente. El caso pasó a manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que castigó a Rafael Tirado con una multa de 1.500 euros por una falta grave de retraso injustificado en la tramitación de la causa, basado en el artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta decisión fue muy mal vista por la mayoría de la sociedad española representada en las críticas que políticos, familiares y medios de comunicación hicieron de la sentencia que el CGPJ había dictado. A partir de aquí el Gobierno se puso manos a la obra y no ahorró en comentarios para descalificar la multa de 1.500 euros. "Quiero conocer la resolución, pero en principio es muy difícil estar de acuerdo con tan poca cosa", afirmó contundentemente el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Sin embargo, los jueces culpan al Gobierno de ser ellos los culpables del error cometido en el caso Mari Luz por la poca inversión que ha destinado el Ejecutivo socialista en modernizar la Administración. Esto provocó que los jueces constituyesen varias veces unas juntas de jueces simultaneas en toda España para analizar la situación y dirimir si al final van a la huelga o no. La situación poco a poco se ha ido caldeando e incluso comunidades como Extremadura o Murcia tienen convocadas huelgas para el 18 de febrero. Sin embargo con sus críticas, el Gobierno ha conseguido que las asociaciones de jueces le den seis meses para comprometerse con la reforma de la Justicia. De lo contrario, la huelga será una realidad.