MONOPOLIO
Ocho empresas farmacéuticas, multadas en la UE por pactar precios
Por Ana Romero Vicente
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Economía22-11-2001
Las investigaciones de la Comisión Europea de Defensa de la Competencia han desvelado que ocho empresas, cuatro de ellas japonesas, se dedicaron en los años 90 a incumplir la ley de la libre competencia.
Según esta ley, fundamental en los países occidentales (economías de mercado), cualquier sujeto ha de tener completa libertad de entrar o salir en el mercado, sin que los precios sufran variaciones; además, nadie que ya esté dentro de él, puede imponer sus propias condiciones. Sin embargo, estas empresas, a modo de cartel, han practicado la reducción e incluso eliminación de la rivalidad entre competidores. Para ello, se unieron y, a través de acuerdos secretos, distribuyeron los mercados y fijaron los precios de compra o de venta de sus productos vitamínicos. Su objetivo: incrementar los beneficios. Como consecuencia de esto, el consumidor fue el gran perjudicado, que compró las vitaminas al precio establecido por las empresas, mucho más elevado. La extensa duración de esta práctica por parte de algunas de estas empresas (incluso 10 años), ha influido en el aumento de la multa a pagar. Sin embargo, las cantidades de dinero exigidas en un principio, disminuirán en favor de alguna de las compañías. Es el caso de la suiza Hoffman-La Roche, considerada la principal implicada, y la alemana Basf que, por su cooperación en el desarrollo de la investigación, rebajan su sanción un 50 por ciento. Avantis, es la gran beneficiada de esta nueva política de la Comisión, que disminuye la cantidad de la multa resuelta, en función de la colaboración en las investigaciones. Así, la empresa francesa sólo tendrá que pagar cinco millones de euros (20.000 millones de pesetas), lo cual es considerable si se compara con la sanción inicial de 118 millones de euros. Las empresas tienen tres meses para recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También es el tiempo establecido para pagar la millonaria multa, 142.296 millones de pesetas, la más alta exigida por la Comisión Europea desde que se constituyó.