TERRORISMO
El Magreb, un mosaico de soluciones al problema del terrorismo islamista
Por Luis Miguel L. Farraces
4 min
Internacional18-03-2007
Los términos en los que se produjo la pasada semana el atentado en un cibercafé de Casablanca, en el que un joven se inmoló dos años después de recibir un indulto real que le salvaba de la cárcel por su relación con los atentados ocurridos en 2003 en la misma ciudad, han dejado muchas incógnitas. En una zona tradicionalmente conflictiva y a las puertas de Occidente, la negligencia de las autoridades del reino alauí induce a pensar si los países del Magreb son eficaces en la lucha contra el terrorismo.
Pese al posible error cometido con Abdelfettah Raydi, el suicida de lo que Marruecos aún ha rehusado denominar como atentado dado que se piensa que el verdadero objetivo del ataque no era el propio cibercafé, las autoridades del país vienen persiguiendo activamente el terrorismo islamista desde 2003. Aquel año, los cuatro atentados simultáneos que tuvieron como sede la ciudad de Casablanca provocaron un cambio de actitud en el reino alauí hacia posiciones más activas dentro de la lucha contra el terrorismo tales como el endurecimiento de penas, mayor control policial y la adopción de medidas excepcionales contra terroristas. Apenas una semana antes del atentado en el cibercafé del barrio de Sidi Mumen, las Fuerzas de Seguridad del país habían intensificado su nivel de alerta antiterrorista dado que el Grupo Islámico Combatiente Marroquí anunció su adhesión a Al Qaeda, llegando a detener incluso a varios miembros de la cúpula de la organización que podrían estar relacionados con los atentados de 2003 e incluso con los del 11-M en Madrid. No obstante, los pasos dados por Rabat no han sido recibidos por toda la opinión pública como algo positivo. En 2004 diversos informes de organizaciones no gubernamentales denunciaron que la intensificación de las actividades antiterroristas en Marruecos ha ido de la mano de la usurpación de derechos fundamentales. Así, varias ONG denunciaron apenas un año después de los atentados múltiples de Casablanca que algunos sospechosos de terrorismo fueron torturados físicamente, recibieron descargas eléctricas, fueron encadenados, privados de sueño e incomunicados durante largos periodos de tiempo. Human Rights Watch avisó entonces de que las autoridades del reino alauí miraban hacia otro lado ante esta situación e invitó a Estados Unidos y la Unión Europea a no extraditar detenidos a Marruecos y a presionar al país del Magreb para que velase por la seguridad de los sospechosos. Egipto, en perpetuo estado de emergencia Con una política exterior algo convulsa, el caso de Marruecos difiere mucho de las estrategias antiterroristas de otros países del norte de África. El ejemplo de Egipto muestra cómo las alianzas internacionales con Occidente, pese al parecer de gran parte de la población, han creado una simbiosis fructífera sobre todo entre Estados Unidos y un Ejecutivo nacional de dudosa legalidad democrática. Y es que si Washington dona más de 1.000 millones de euros anuales en material militar a El Cairo a cambio de su actividad antiterrorista, el Gobierno egipcio de Hosni Mubarak puede perpetuarse en el poder a pesar de las voces críticas de multitud de agrupaciones hacia el pucherazo gubernamental. La estrategia antiterrorista de Egipto ha sido en los últimos años simple y llanamente la de perpetuar durante más de 20 años el estado de emergencia en el país. Recortadas en múltiples ocasiones las libertades de agrupación, expresión y tránsito, El Cairo ha sacrificado garantías democráticas en pos de la caída de grupos como Gamaa Islamiya y Yihad Islámica, que en 1981 asesinó al presidente Anwar el Sadat. Desde ese acontecimiento se aplicó un estado de emergencia aun vigente y recientemente renovado por dos años más en el Parlamento del país. Argelia, el Ejército contra la ascensión democrática de los islamistas El caso de Argelia habla de cómo el rechazo del Ejército al resultado de unos comicios en el que los islamistas del Frente Islámico de Salvación (FIS) lograron una clara victoria, provocó una guerra civil. En 1992, cuando el FIS, que en no pocas ocasiones había mostrado públicamente su rechazo a la democracia dado que para sus dirigentes la única opción posible era el Corán, se veía a las puertas del Gobierno. La cancelación de los comicios por parte de los militares desencadenó la creación de múltiples grupos terroristas islamistas que intentaron tomar el poder. Cuando las fuerzas gubernamentales ganaron la guerra en 1.998, el Ejecutivo declaró ilegales las agrupaciones islámicas nacidas durante el conflicto y sus actividades fueron perdiendo peso. No obstante, este conflicto fue el germen para el ascenso de organizaciones terroristas como el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), que opera en todo el Magreb y que se le relaciona con múltiples atentados e incluso con el golpe de Estado en Mauritania en el año 2005. Hace apenas unos meses, el GSPC anunció su adhesión a la organización internacional Al Qaeda, que sabe de la importancia del norte de África como una zona clave para sus actividades en Occidente que normalmente es la última parada de sus miembros antes de infiltrarse en territorio europeo.