ETA
La justicia gala contrasta con la española a la hora de afrontar el proceso
Por Nacho Fernández Gutiérrez
3 min
España10-12-2006
Una semana más queda demostrado el claro revés que ha sufrido el optimismo preveraniego que brillaba en la cara del Ejecutivo Zapatero en lo que respecta al proceso del fin del terrorismo etarra. No sólo la nublada realidad informativa sino también en la voluntad popular. Según una encuesta realizada por el la Presidencia del Gobierno Vasco, un 67 por ciento de los habitantes de la comunidad autónoma considera que el proceso retrocede claramente.
Los datos fueron recabados entre el 26 de septiembre y el 11 de octubre a través de entrevistas individuales mediante cuestionario a 614 personas en Álava, 1.266 en Vizcaya y 986 en Guipúzcoa. Posiblemente, los datos reflejados por esta encuesta habrían intensificado su negatividad si se hubiesen recogido a finales del pasado mes de noviembre, cuando la kale borroka retomó la violencia en las calles, los asesinos se rearmaban al sur de Francia y la Justicia española se mostraba dividida en su criterio ante el entorno etarra. Una situación de estancamiento en el proceso que a día de hoy se mantiene. Recientemente, grupos de radicales abertzales atacaron con cócteles molotov tres cajeros automáticos, uno del BBVA, otro del BBK y el último de La Caixa, en Plentzia y el Juzgado de Paz de Lekeitio, ambas localidades en Vizcaya. En otra embestida en Guipúzcoa, tres alborotadores prendieron fuego a un autobús de la compañía Euskotren en la localidad de Azpeitia, sin que se hayan producido daños personales. La kale borroka no ceja en su empeño y los dirigentes batasunos siguen sin asumir la responsabilidad que les corresponde, teniendo en cuenta su objetivo de “hacer política como los demás”. Mientras, la justicia española continúa su doble rasero ante los etarras. Vicario Setién, cómplice del secuestro del empresario José María Aldaya, ha sido absuelto por falta de pruebas. El fiscal Ignacio Gordillo pedía 17 años de prisión para él, pero el resto de compañeros de la sala ha considerado que no puede ser procesado por ”falta de pruebas”. Además, la sala especial o del artículo 61 del Tribunal Supremo pospone la investigación de las Herriko Tabernas para el mes de enero. Los 16 magistrados no han llegado a conclusión alguna sobre si existe conexión entre Batasuna ETA y estos negocios y si es pertinente proceder a la liquidación patrimonial de éstos. Por su parte, Francia toma cartas en el asunto de la lucha antiterrorista. La Fiscalía del Tribunal Correccional de París solicitó la pasada semana cuatro años de cárcel para dos de los abogados Unai Errea e Itziar Larraz, habituales defensores de etarras, juzgados por posible complicidad con la banda. Es la primera vez que letrados etarras son juzgados en este país como "cómplices". El Ministerio Público francés justificó su decisión por considerar probado que estos dos abogados son "cómplices de asociación de malhechores con fines terroristas por ayuda o asistencia" al entregar o recibir correspondencia a presos o de presos de forma ilegal. El fiscal, Jean-Michel Bourlès, requirió además para ambos 10 años de prohibición de residencia en Francia, así como de ejercicio de la profesión, por considerar demostrado que transmitieron y comunicaron ilegalmente documentos internos de ETA a presos de la banda encarcelados en Francia, "violando por completo toda regla deontológica". Contra los cuatro presuntos etarras a los que Errea y Larraz habrían trasmitido los documentos, el fiscal requirió una pena que "no sea inferior" a seis años de prisión y una prohibición definitiva de residencia en Francia. Se trata de Ainhoa Múgica Goñi, Miren Aitzane de Orcolaga Echaniz, José María Otegi Arrugueta, y la francesa Laurenxa Beyrie.